La abogada previsional Mayra Leguiza, en diálogo con La Mañana de Natagalá, se refirió a la reciente decisión del Poder Ejecutivo de retirar la asignación mensual que percibía la dos veces presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según explicó Leguiza, el fundamento legal de esta medida radica en la aplicación de la Ley 24.018, que otorga asignaciones vitalicias a expresidentes por haber alcanzado el cargo más alto del país. Sin embargo, esta asignación puede ser revocada si se demuestra que no se desempeñó el cargo con honor y rectitud.
Leguiza precisó que, aunque coloquialmente se le llama “jubilación” o “pensión”, en realidad se trata de un reconocimiento económico especial, otorgado a quienes han ejercido la presidencia.
“La ley premia el haber llegado a un puesto de honor, pero si se prueba que se actuó de forma deshonrosa, como en el caso de la condena por corrupción que enfrenta Fernández de Kirchner, el Estado tiene el derecho de retirarle este beneficio”, indicó la abogada.
Y agregó: "ella, al ser condenada por la corrupción -lo que fue probado en esa causa es que a mansalva ha estafado a todos los argentinos desviando fondos públicos- entonces lo que hace con el Poder Ejecutivo actual es decir está demostrado, que no, que no desempeñaste tu cargo ni con honor ni con nobleza".
Sin embargo, Leguiza también aclaró que, en el caso específico de la ex vicepresidenta, aún no hay una condena firme ya que queda una instancia de apelación pendiente. Por lo tanto, la decisión del Ejecutivo podría enfrentarse a un largo proceso judicial. “Es un tema que, sin duda, se resolverá en los tribunales”, afirmó.
Consultada sobre la situación de otras figuras políticas, como Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, Leguiza señaló que existen contradicciones en la aplicación de la ley y que, en ocasiones, estas decisiones parecen responder a motivaciones políticas más que a principios de justicia. “Es una persecución política disfrazada de justicia, un uso selectivo de la ley”, opinó.
Leguiza concluyó que esta controversia pone de relieve la necesidad de revisar y actualizar las normativas vigentes sobre asignaciones especiales para exmandatarios, dada la gran cantidad de recursos que el Estado destina a estos beneficios.
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