Gustavo anunció la adhesión de Resistencia a la Ley Yolanda, la cual establece que todos los servidores públicos deben capacitarse obligatoriamente en materia ambiental. Para ello, firmó un convenio marco de colaboración con el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados.

De esta manera, desde el Estado municipal se aplicarán los principios de dicha normativa adherida las leyes provinciales N°3330 R y N° 3338 R, las que se ejecutarán en orden local a través de las ordenanzas N° 13543 y N° 13544.

Los funcionarios y agentes comunales dependientes de los departamentos Ejecutivo y Legislativo, y de los Juzgados de Faltas, recibirán capacitaciones por parte del mencionado instituto para generar conductas laborales tendientes a optimizar el uso de recursos en pos del cuidado del entorno natural de la capital chaqueña, como por ejemplo el reemplazo progresivo del uso de papel en diferentes trámites y protocolos para el ahorro de energía eléctrica.

Para cumplir esas metas, la presente gestión municipal cuenta con el aprobado Código Ambiental (único a nivel comunal en la Provincia) y un Plan Local de Acción Climática que se ha trabajado en el marco de la Red Argentina de Municipios, aprobado en 2019 y con visión a 2030.

Así, Gustavo instó a la familia municipal y a la comunidad en general a cambiar los hábitos en el cuidado del ambiente y multiplicar esas conductas hacia 20 o 30 años en el tiempo. “Las políticas del gobierno siempre tienden a ser aisladas según las metas que se van a cumplir.

Pero necesitamos que estas políticas estén enhebradas en función del cumplimiento de objetivos globales en relación con el ambiente e ir logrando que esas políticas estén conectadas.

Todas deben estar conectadas entre sí en el cumplimiento de estos objetivos de toda la humanidad, porque en pequeñas acciones podemos lograr estos objetivos”, expresó ejemplificando el abordaje de esa temática en acciones de infraestructura, en medidas para el tránsito y en la ejecución de servicios.

“Debemos poner en valor lo que establece la Ley Yolanda y que el Estado encabece un proceso social de acciones que permitan mejorar la relación de las personas con el ambiente, porque desde Resistencia tenemos mucho por hacer.

Es central que podamos lograr que nuestros trabajadores y funcionarios tomen conciencia de la importancia que tiene el impacto del ambiente”, mencionó sobre el apoyo que la gestión municipal brindará al Instituto de Derecho Ambiental para fomentar los cambios de conducta requeridos.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Pablo Alegre, adelantó que en el corto plazo empezarán las capacitaciones dirigidas a funcionarios municipales y al personal con el fin de instruir sobre el correcto uso de los equipos, de los espacios públicos, de la regulación de la circulación de transportes y otras cuestiones relacionadas.

CAMBIAR LOS HÁBITOS

El presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Mariano Moro, agradeció a Gustavo la continuidad del trabajo en conjunto con la Ciudad y puntualmente en este caso para “instrumentar en el Municipio un proceso de formación de la defensa del ambiente.

El mundo atraviesa un cambio de paradigma que se aceleró con la pandemia y los hábitos de las personas tienen una consecuencia directa sobre cómo se preserva el ambiente y cuál va a ser el futuro de las sociedades que vienen”.

“Nuestros hábitos son los que determinan la calidad de vida que tenemos y la que tendrán nuestros hijos e hijas. Esto nos obliga a formarnos para hacer frente a este desafío y tenemos la obligación de contribuir a preservar nuestro ambiente.

Ahí están la función de los dirigentes de la sociedad”, resaltó para agregar que se necesita capacitar a los funcionarios municipales “para tirar todos del mismo carro”, porque la Ciudad “tiene el Código Ambiental sancionado en el 2018. Las leyes están y necesitamos poder empezar a cumplirlas, ya que todos los temas tienen una dimensión ambiental”.


COMPARTIR