El gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, y miembros de la familia Encaje firmaron el acta compromiso para una resolución amistosa del histórico caso, que será posteriormente homologada por el Gobierno nacional.

Se trata de la tercera solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que llega el gobierno argentino por hechos cometidos en la provincia del Chaco. El acuerdo, implica la disposición del estado argentino y chaqueño de no controvertir las denuncias por violaciones de derechos humanos e implementar políticas públicas efectivas para evitar su reiteración.

“La lucha valió la pena. Esto significa que más temprano que tarde la justicia llega de la mano de un Estado que a partir de la percepción de sus funcionarios ha identificado la sensibilidad de este tema. Quiero manifestar mis más profundos respetos por la lucha que llevaron adelante”, expresó el mandatario.

El documento fue firmado por el gobernador Capitanich, la vicegobernadora Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, familiares de Amanda Encaje: su hija Andrea Martínez, su hermana Silvia Encaje, y los abogados familiares Carlos Bermejo y Marcos Molero. Acompañaron también los otros hijos de la víctima, Pablo y Nicolás Martínez.

“El dolor es intransferible y la vida insustituible. La reparación en materia de justicia después de tantos años nos obliga a una reflexión desde el punto de vista del funcionamiento del sistema judicial. En ese sentido, la persistencia y la voluntad férrea de la familia indujo a que hoy podamos llegar a buen puerto”, valoró Capitanich.

Al respecto, el gobernador chaqueño aseguró que “el primer hito fue el reconocimiento de la responsabilidad por denegación de justicia de la provincia del Chaco en los hechos. Ha sido una actitud firme, clara y contundente del poder Ejecutivo que indujo a tomar una decisión por parte del Poder Judicial”.

Andrea Martínez: “Nos sentimos verdaderamente reconfortados”

La hija de Amanda Encaje, Andrea Martínez, expresó con satisfacción que la firma de este documento “es el corolario de un proceso largo, doloroso que empezó en 2008” cuando la familia presentó un documento ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) “Con este proceso, buscamos dejar cambios para que el sistema no repita lo que nos pasó” agregó Martínez.

Agradeció también la labor de funcionarios provinciales, nacionales y en el marco de un nuevo aniversario del crimen, destacó el trabajo conjunto entre las familias y “un Estado que demostró gran sensibilidad para construir un mejor futuro para la ciudadanía. La solución amistosa significa poder dejar mejoras en el sistema” finalizó Martínez.

Solución amistosa para garantizar la reparación a las víctimas

La firma del acuerdo persigue tres objetivos fundamentales: reparar social y públicamente el daño sufrido por la familia Encaje; evitar posibles reiteraciones de este tipo de hechos; y generar e implementar una serie de políticas públicas para el fortalecimiento institucional y la defensa de las víctimas tendientes a lograr un mayor nivel de eficiencia en la investigación de crímenes similares, evitando así la impunidad de quienes resulten victimarios.

El documento estipula seis puntos fundamentales para lograrlo: un homenaje para las víctimas y sus familias en su larga lucha por justicia; analizar la viabilidad de la reapertura de la causa penal de los homicidios de Amanda Encaje y Néstor Vivo; la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas, con dedicación exclusiva de las Personas Víctimas de Delitos; la creación del Observatorio de víctimas de delitos, la sanción de protocolos para la preservación de la escena del crimen y garantizar la cadena de custodia de pruebas en la investigación de causas penales complejas, y la implementación del Banco Genético Provincial.

De esta manera y entendiendo que las víctimas y la sociedad en su conjunto deben gozar del derecho a la verdad y a la justicia, el Estado chaqueño reconoció la gravedad institucional de los hechos vividos por la familia Encaje, motivo por el cual el mandatario efectuó un pedido de disculpas públicas en nombre de la provincia.

Además, como medida de reparación hacia la familia de Amanda, el Estado asumió el compromiso de emplazar una escultura en homenaje a las víctimas de femicidio y sus familiares, así como también de generar una serie de reformas, como son la creación de la defensoría de víctimas del delito y un observatorio de víctimas que llevará el nombre de Amanda.

De esta manera, el Estado chaqueño reafirmó su compromiso con los Derechos Humanos a través de la puesta en práctica de medidas de reparación hacia las víctimas, como así también con el impulso de políticas públicas que cuenten con perspectiva de géneros y derechos humanos tendientes a mejorar las prácticas orgánicas e institucionales. Participaron de la firma la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch; los asesores legales, Roxana de los Santos y Kevin Nielsen; y representantes de las áreas de Seguridad y Justicia y de Planificación, Economía e Infraestructura.

Además, participaron como veedores vía Zoom Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Silvana Pérez: “Acta en tiempo récord

La secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez señaló que esta firma representa el trabajo con la Cancillería, el Gobierno Nacional y Provincial, y familiares que se inició en el 2020 y que conllevó la posibilidad de “arribar en tiempo récord a la firma de esta solución amistosa. Agradezco el trabajo de abogados, familiares por todo el tiempo que llevan en esta lucha y agradecer la confianza del espacio de trabajo que llevamos durante este año” manifestó Pérez.

Nayla Bosch: Pedido de perdón

La subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch celebró la firma de esta acta compromiso entre el pueblo chaqueño y la familia Encaje y se refirió a alguno de los puntos del documento rubricado. “Es clave decir y reiterar el pedido de perdón del Ejecutivo y remarcar que uno de los principales puntos del acta era la aceptación del gobierno de la denegación de Justicia a los familiares y la vulneración de derechos humanos. De esta forma, poder iniciar un proceso de reparación de un hecho difícil, doloroso y que el Estado y sus poderes deben emprenderlo con compromiso, revisar protocolos para que estos hechos no vuelvan a ocurrir” afirmó.

Por último, Bosch dijo que este proceso de trabajo entre todos los entes del Estado permitirá “que podamos decir nunca más en delitos de lesa humanidad y vulneraciones de Derechos Humanos del Chaco” y agregó que, con este acuerdo, “el Estado acepta los errores cometidos en el pasado, consolida la reparación a las víctimas y busca fortalecer institucionalmente todos los mecanismos de prevención para que estos tipos de hechos no vuelvan a suceder”, concluyó Bosch.

El hecho

El 8 de abril de 1992, Amanda Graciela Encaje fue asesinada en las instalaciones de la empresa Supercemento S.A., ubicada en la ciudad de Resistencia, lugar donde se desempeñaba como secretaria. Su cuerpo fue encontrado junto con el de Néstor Blas Vivo, quien era director de dicha empresa, ambos fueron golpeados y torturados. Amanda además fue víctima de agresión sexual, según una de las autopsias realizadas.

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