Claudia Cesaroni, abogada especialista en adolescentes en conflicto con la ley, abordó en La Mañana de Natagalá, varios aspectos relacionados con la situación de los adolescentes que cometen delitos, la edad de punibilidad, y la respuesta del sistema judicial. La profesional se refirió a la propuesta del Gobierno de Javier Milei de reducir la edad de responsabilidad penal de 16 a 13 años.
Cesaroni destacó que la adolescencia es una etapa inherentemente conflictiva. “La adolescencia es una etapa de conflicto permanente, en la que los jóvenes constantemente están corriendo los límites de sus fronteras”, explicó.
Agregó que el sistema judicial argentino considera como adolescentes a las personas entre 13 y 18 años, aunque muchos organismos internacionales sugieren que la adolescencia se extiende más allá de los 18 años.
De esta forma mostró crítica respecto de la propuesta del Gobierno e indicó que “la edad de punibilidad penal está fijada en los 16 años y se pretende bajarla a los 13 años”. Según la especialista, este cambio no está fundamentado en evidencia sólida: “el propio Gobierno, a través de la ministra Patricia Bullrich, había propuesto en 2019 una reducción a 15 años y ahora propone bajarla a 13 sin fundamentar el cambio”.
La abogada también reflexionó sobre las condiciones sociales que enfrentan muchos adolescentes en conflicto con la ley. “Fíjense en sus adolescentes más cercanos y piensen si en lugar de estar abrigaditos o con aire acondicionado, bien alimentados, yendo a la escuela y a actividades extracurriculares, estuvieran en situaciones en que nada de eso está presente”, comentó. Según Cesaroni, el problema de los adolescentes que delinquen está más relacionado con situaciones de pobreza y exclusión social que con la edad de punibilidad.
Explicó que el enfoque no debería centrarse en castigar a los adolescentes, sino en desarrollar políticas públicas que aborden las causas profundas que llevan a los jóvenes a delinquir, como la pobreza y la falta de acceso a oportunidades educativas y recreativas.
En cuanto a la diferencia entre el régimen de adultos y el de menores, Cesaroni explicó que “la pena para un adolescente debe ser mucho más corta que para un adulto, porque no es lo mismo imponer una pena de 20 años a una persona en formación”.
En este sentido, señaló que “los delitos que cometen los adolescentes no punibles, como el robo, son en su mayoría delitos contra la propiedad y no crímenes graves como homicidios”.
Cesaroni también abordó la infraestructura existente para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley, manifestando que “los lugares donde están los adolescentes punibles distan mucho de ser adecuados para la reintegración o resocialización”. Según la especialista, “las cárceles para adultos a menudo tienen más infraestructura y acceso a educación que las instituciones para adolescentes”.
Sobre la condena de los jóvenes implicados en el caso de Fernando Báez Sosa, Cesaroni expresó su oposición a la pena de prisión perpetua, considerándola “brutal e inconstitucional”. Argumentó que “la pena de prisión perpetua, tal cual hoy es en Argentina, es una pena de muerte en vida”.
Cesaroni concluyó señalando que el sistema judicial y social deben enfocarse más en políticas públicas preventivas y en la mejora de las condiciones de vida de los adolescentes para evitar que lleguen a la delincuencia.
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