El Defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, se refirió, en la Mañana de Natagalá, a la controversia generada por el nuevo decreto emitido por el Ministerio de Justicia de la Nación, que modifica la Ley de Propiedad Intelectual y afecta el pago de derechos de autor en eventos privados.
Según Voloj, la medida creó confusión entre quienes organizan celebraciones como casamientos, fiestas de 15 años y recepciones de fin de año.
El decreto, que fue ratificado por el presidente Javier Milei, busca eximir del pago de derechos de autor (como los gestionados por SADAIC y AADI-CAPIF) en eventos de carácter estrictamente privado, donde existe una lista de invitados y no hay venta de entradas.
Sin embargo, Voloj explicó que la falta de una reglamentación clara llevó a interpretaciones contradictorias y problemas en su aplicación. "Los dueños de salones de eventos y los organizadores de fiestas continúan exigiendo estos pagos, a pesar de que, según el decreto, no corresponderían", señaló.
Desde la Defensoría del Pueblo del Chaco, junto con otras defensorías del país, se solicitó formalmente al Ministerio de Justicia que clarifique los alcances del decreto para evitar malos entendidos y tensiones entre los usuarios y los prestadores de servicios. Voloj destacó que, hasta que no se emita una normativa más precisa, la situación seguirá generando confusión, especialmente en un contexto de alta demanda por las festividades de fin de año.
En cuanto a los eventos de carácter público —es decir, aquellos donde se cobra entrada o se permite el acceso general—, Voloj confirmó que siguen estando sujetos al pago de derechos de autor. "La distinción entre eventos privados y públicos es crucial, pero actualmente no existe una orientación clara para que los empresarios del sector sepan cómo proceder", afirmó.
La falta de claridad está afectando a varias provincias, como Santa Fe y Buenos Aires, donde la organización de eventos se vio envuelta en disputas sobre si se debe o no abonar esta tasa. Según Voloj, "lo ideal sería que el Ministerio de Justicia emita una resolución detallada que despeje las dudas y garantice que los usuarios no enfrenten cobros indebidos".
Mientras se espera una respuesta del Ministerio de Justicia, Voloj reiteró la necesidad de una "clarificación oficial que alivie la incertidumbre y proteja los derechos tanto de los organizadores de eventos como de los consumidores".
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