El abogado de la Defensoría del Pueblo del Chaco, Martín Marín, denunció irregularidades en el proceso que permitió el reciente aumento de la tarifa de transporte público en la provincia, calificando el incremento como "desmedido" y carente de los principios de gradualidad y proporcionalidad que deberían regir estos ajustes.
En La Mañana de Natagalá, Marín destacó que la Defensoría viene exigiendo a la Secretaría de Transporte el cumplimiento de estos principios, establecidos por la Corte Suprema de Justicia.
Según explicó Marín, el aumento de la tarifa se produjo luego de una audiencia pública llevada a cabo el 23 y 25 de septiembre en Resistencia y Fontana. Sin embargo, el abogado señaló que el principal motivo de la impugnación es que los ciudadanos participaron de la audiencia sin conocer el precio final del boleto, lo que "carecía de sentido".
Marín mencionó que en otras oportunidades, como en una audiencia en Charata, los participantes sí tuvieron información precisa sobre el porcentaje de aumento y los subsidios aplicables, permitiendo una discusión más informada.
“Fuimos a discutir sin saber cuál iba a ser el aumento, y dos días después de la audiencia se anunció públicamente el precio del boleto, lo que indica que ya lo sabían antes o que hubo una grave desprolijidad en el proceso", afirmó Marín, refiriéndose a la posterior publicación del nuevo valor del boleto sin haber sido comunicado durante la audiencia.
Ante esta situación, la Defensoría solicitó no solo la nulidad de la audiencia pública, sino también la anulación de la resolución que permitió el incremento tarifario.
Además, se presentó una medida cautelar para que, mientras se resuelve el amparo, se retrotraiga el precio del boleto al valor anterior.
El abogado también se refirió a otras intervenciones judiciales de la Defensoría, destacando el caso del peaje, donde a pesar de no tener competencia nacional, se logró una resolución que impidió el aumento de los peajes en la provincia, en contraste con el resto del país.
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