El avión presidencial partió esta mañana rumbo a Estados Unidos para realizar una inspección general que le permitirá volver a volar. El ARG-01, comprado durante el gobierno de Alberto Fernández, estaba inactivo desde junio por la demora en esa revisión.
Luego de dos intentos fallidos de lanzar una licitación, finalmente el taller se habría elegido de manera directa. Desde el Gobierno hubo hermetismo absoluto durante los últimos días y no se informó sobre el viaje.
En diciembre del año pasado, apenas una semana antes del cambio de gobierno, se puso en marcha un proceso que terminó con una denuncia penal para todos los involucrados. La gestión actual también tuvo complicaciones: lanzó una licitación pero la dejó caer en medio de irregularidades. De hecho, uno de los oferentes denunció que fue visitado por un emisario oficial.
“Quiero informarles que el Sr. Juan Pablo Pinto se comunicó conmigo en calidad de contacto comercial de Presidencia de la Nación, indicando que él es el único canal para el cierre de las negociaciones/coordinaciones. Solicito, por favor, que me indiquen si debo continuar el contacto con el Sr. Pinto o si debo hacerlo vía correo electrónico”, informó una de las empresas cuando el proceso estaba llegando a su fin.
La semana pasada trascendió que se había puesto en marcha una nueva licitación, pero no hubo ninguna información oficial y finalmente este martes, a las 7:17 AM, el avión partió a Miami desde el sector militar de Aeroparque. “Todo indica que se hizo una contratación directa, no hay otra posibilidad, no daban los tiempos y tenían apuro para poner el avión en marcha”, repiten desde el mercado aeronáutico.
En el Gobierno dejaron trascender que la inspección demoraría unos 30 días, aunque en el mercado aseguran que puede tardar 60 y hasta 90 días. Tampoco hay certeza sobre el costo de la revisión. “Hay un precio base pero puede llegar a costar cerca de USD 3 millones”, detalló una fuente. Y agregó:
“Hay que revisar todos los componentes del avión, eléctricos, hidráulicos, y hasta los motores. Siempre que se revisa un avión, aparecen extras y va aumentando el valor de la inspección”.
Javier Milei arrancó su presidencia usando aviones comerciales para sus traslados al exterior. Pero en abril, por un informe del Ministerio de Seguridad que advertía sobre los peligros, comenzó a utilizar el ARG 01.
“Se recomienda la imperiosa necesidad de utilizar para los traslados del Presidente y equipos de trabajo, en forma exclusiva, vuelos con aeronaves propias o medios comerciales/privados contratados para tal fin, con análisis y estudio previo de medios y personal a intervenir”, decía ese informe.
Por las demoras administrativa para hacer la inspección general, lo usó muy poco. El avión quedó frenado en Aeroparque el 24 de junio. Durante estos meses, el gobierno tuvo que recurrir a un avión privado para las giras al exterior. Milei quedó muy conforme con esa aeronave pero nunca renegó del avión presidencial.
El Boeing 757-256 fue comprado en diciembre de 2022, luego de un largo proceso administrativo, pero el avión recién llegó en mayo del año pasado.
Durante la gestión anterior, fue usado varias veces por el ex presidente Alberto Fernández y por el ex ministro de Economía, Sergio Massa. En cambio, la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, nunca se subió a ese avión y utilizó para sus traslados dos aeronaves de YPF.
Para comprar el ARG 01, el Gobierno tuvo que invertir USD 21.730.000 y entregar el viejo Tango 01, que estaba valuado en unos USD 3 millones. Esa aeronave recién se fue del país hace pocos meses.
El nuevo avión presidencial tiene capacidad para 39 pasajeros, un dormitorio principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones. A diferencia del Tango 01, puede volar sin escalas hasta Europa o Estados Unidos.
La aeronave nació como avión de pasajeros en el 2000, se modificó a configuración VIP en 2004, y tuvo una remodelación en 2012. Su último dueño, un millonario israelí, se lo había entregado a su ex mujer en la división de bienes hasta que finalmente pasó a ser propiedad del gobierno argentino.