El 25 de julio de 2019 llegó a la casilla de mail de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos un correo anónimo.
Allí, con muchísima información, se acusaba a Uriel Pérez Jaurena (más conocido en el mundo del fútbol por su nombre y primer apellido) de defraudación tributaria y lavado de activo en varios pases en los que participó como intermediario entre 2015 y 2019.
Pero la denuncia no se quedaba en eso: también se sumaba una presunta vinculación en compraventa de jugadores con dinero espurio de capitales mexicanos vinculados al narcotráfico, la sospecha de una cuenta en el exterior con un saldo mayor a los diez millones de dólares y la adquisición de bienes suntuosos aquí y allá.
Si bien no se determinó la identidad del denunciante, los datos eran demasiado precisos como para entender que era alguien que habría participado alguna vez de su entorno y después quedado fuera del negocio, o directamente de alguno de los tantos competidores a los que Uriel Pérez le fue comiendo mercado, sobre todo en la negociación entre clubes argentinos y mexicanos.
La Procelac comenzó una investigación de oficio y empezó a encontrar indicios de que el mail recibido tenía datos certeros: varios autos de alta gama, entre ellos un Jaguar y un Mercedes Benz, tres inmuebles de dimensiones y valuaciones muy importantes (uno en Vicente López donde funciona la empresa de representación deportiva, De Nueve, otro en Caballito que sería su domicilio particular y un tercero en San Juan), cuentas en distintos bancos y un nivel de vida en general que no se condecía con su situación tributaria.
De hecho ante una consulta a la AFIP, la Procelac verificó que el representante se había inscripto como monotributista hasta 2016 y después no se verificaba que haya presentado declaraciones juradas de bienes personales e ingresos brutos. Para el fisco era bastante más parecido a un contribuyente fantasma que a un poderoso hombre del fútbol.
Con todos estos indicios, se realizó la denuncia judicial que recayó en la fiscalía federal 2 de San Fernando a cargo del doctor Rodolfo Fernando Domínguez y del juzgado 1, al mando de Sandra Arroyo Salgado. El fiscal empezó a trabajar, encontró consistencias entre lo que tenía la Procelac y la denuncia original y el 20 de marzo de 2020 imputó a Uriel Pérez por evasión impositiva y lavado de dinero.
Pero no se quedó sólo con él, como se hizo trascender el día miércoles. También imputó por los mismos delitos a los jugadores transferidos y por esos mismos delitos más administración fraudulenta a los directivos de los clubes que participaron en los pases y también a los funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino.
Un combo completito que al estar metido el dinero mexicano que muchos sospechan proviene del narcotráfico, tranquilamente podría llamarse el Cartel del Gol, remedando una investigación de la prensa mexicana. Y la causa, que es una caja de pandora, está en pleno trámite con exhortos a Estados Unidos por las cuentas en el exterior, con investigación sobre empresas off shore utilizadas presuntamente para esconder ganancias, y con la mira puesta en lo que puedan aportar las autoridades mexicanas.
De mínima, se investiga la subfacturación de transacciones de jugadores y lavado de dinero de ese rubro con perjuicio para el fisco argentino. De máxima, la inclusión de capitales espurios para la compraventa de jugadores. Sí, una causa explosiva.
Los pases que se le endilgan a Uriel Pérez de manera presuntamente delictiva, sobre todo al fútbol mexicano, son los de Emanuel Gigliotti, Maximiliano Meza, Jesús Méndez y Federico Mancuello (cuando estaban en Independiente), Jonathan Maidana cuando se fue de River, Enrique Triverio (desde Unión) y Nicolás Sánchez (vendido por Racing).
La denuncia también incluye pases de varios otros jugadores, pero al no encontrar en principio pruebas con un grado alto de certeza, la Justicia los tiene en stand by. Lo cierto es que el fiscal había pedido en 2020 los allanamientos de todos los inmuebles de Uriel Pérez más los clubes que habrían participado en la maniobra, pero la jueza recién se los concedió esta semana.
Allí se llevaron todos los papeles de los registros de los pases para compararlos con las informaciones que tienen, más dispositivos electrónicos como cámaras de seguridad para ver quién entraba y salía de la oficina de De Nueve, teléfonos celulares para analizar mensajes de Whatsapp y computadoras para ver todos los archivos y mails.
En la hipótesis de trabajo de los investigadores está que el dinero de los clubes mexicanos provenía del narcotráfico y que los clubes argentinos no hicieron los reportes de operación sospechosa que correspondían.
Que se pagó mucho más dinero de lo que está asentado en los balances de las instituciones y que el sobrante era repartido entre todos los que participaban de la maniobra.
Para la Justicia es de suma extrañeza que un representante gire muchísimo dinero a la entidad donde transfirió a sus representados en vez de recibir él la plata como intermediario en la transacción. Y como en las cuentas que se supone tiene en la Argentina el saldo no refleja una situación patrimonial muy importante, se supone que todo es girado a través de offshore al exterior. Habrá que probarlo.
En el allanamiento de los dos pisos de oficinas sobre la avenida Libertador a los investigadores les llamó la atención encontrar tres máquinas contadoras de dinero, una estatuilla de Al Pacino caracterizado como Scarface (lo que lo emparenta a otro representante y socio en algunas actividades, Christian Bragarnik, que en su oficina de Puerto Madero tenía un cuadro gigante de Scarface) y un arma de fuego, lo que complica su situación porque no tendría permiso de tenencia y portación.
Además, según quienes participaron del allanamiento, se sorprendieron cuando fueron a la AFA a requerir la licencia de Pérez Jaurena como representante: no había.
Fuente: Infobae
