El estado crítico de los organismos públicos ambientales; la descontrolada deforestación y la apremiante situación de las tribus indígenas en el territorio.

Mientras el presidente Jair Bolsonaro culpaba a los ambientalistas por los peores incendios forestales de los últimos años en la Amazonia brasileña, y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ensayaba una explicación floja de papeles refiriéndose al clima seco de la época, los medios de comunicación repetían en cadena las imágenes del desastre.

Pocos pudieron (o quisieron) sumergirse en los «asuntos internos» de Brasil: el estado crítico de los organismos públicos ambientales (y sus cifras de deforestación); las políticas implementadas por los últimos ministros de Medio Ambiente; o la apremiante situación de las tribus indígenas en el territorio, son solo algunos de los elementos que suelen quedar fuera de discusión.

Todos los expertos en medio ambiente coinciden en que la deforestación descontrolada es la principal causa de los incendios en la Amazonia. Mal que le pese a Bolsonaro, esta práctica marcó en julio un aumento histórico del 278 por ciento en relación al mismo mes de 2018, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE).

El sistema que utiliza el instituto, reconocido por científicos y de acceso público, fue cuestionado en más de una ocasión por el presidente, llegando al extremo de despedir al director de la entidad por considerar que actuaba «al servicio de alguna ONG»: el saliente Ricardo Galvão fue reemplazado interinamente por un oficial de la Fuerza Aérea. Como si fuera poco, Bolsonaro exigió que los datos oficiales pasen primero por sus manos antes de ser divulgados. Una suerte de censura encubierta.

Desde Londres, la Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en medio ambiente, Teresa Romero, aclara en diálogo con PáginaI12, que Galvão no es ni por asomo el primer miembro de una agencia medioambiental en ser despedido o atacado por el actual gobierno.

“Tenemos el caso de José Augusto Morelli, antiguo jefe de operaciones aéreas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), y parte del equipo que multó a Bolsonaro en 2012 por pescar ilegalmente en una reserva ecológica”, comenta. También cita el caso de su sucesora en el instituto desde 2016, Suely Araújo, “quien renunció a principios de 2019 a causa de una serie de ataques infundados contra la agencia”.

Para Fabrina Furtado, profesora adjunta del Departamento de Desarrollo, Agricultura y Sociedad de la Universidad Rural de Río de Janeiro, los (des)manejos del gobierno central forman parte de un plan más amplio:

“Su programa consiste en un verdadero odio por la producción y difusión del pensamiento crítico. El gobierno se rodea de su gente, sus amigos, militares y empresarios, todos aquellos que no se oponen a sus órdenes”, comenta.

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