En diálogo con La Mañana de Natagalá, Omar Escobar, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Chaco, detalló la situación que llevó a los trabajadores del organismo a realizar un paro por tiempo indeterminado.
Según Escobar, la medida de fuerza responde a la falta de una recomposición salarial acorde a los niveles inflacionarios y a los bajos sueldos que, en promedio, se ubican entre 700.000 y 800.000 pesos, cifras que están por debajo de la canasta básica.
Escobar señaló que, a pesar de los aumentos otorgados por el gobernador Leandro Zdero, que suman un 170% desde el inicio de su gestión, el salario de los empleados del Instituto sigue siendo insuficiente. “El Gobernador dio aumentos importantes, pero aún estamos muy lejos de cubrir las necesidades básicas de nuestros compañeros”, afirmó.
El conflicto, que lleva varios meses, se intensificó cuando las gestiones con el presidente del Instituto, Fernando Berecoechea, no arrojaron resultados positivos.
“Hace tres meses que venimos pidiendo una recomposición, pero todas las respuestas han sido negativas”, indicó Escobar. Ante esta situación, los trabajadores decidieron visibilizar su reclamo con un paro y manifestaciones pacíficas en las instalaciones del organismo.
La situación escaló cuando las autoridades enviaron a la policía para impedir el uso de bombos y equipos de sonido en la protesta. “Nos mandaron la policía en lugar de una respuesta. No es justo que, en lugar de dialogar, nos repriman por hacer visible nuestro reclamo”, denunció Escobar.
A pesar de las tensiones, el sindicato continúa exigiendo un aumento salarial. “No pedimos algo que vaya a quebrar el Instituto. Estamos hablando de un incremento que, en total, sumaría 75 millones de pesos para todos los empleados”, argumentó Escobar.
Por último, el secretario general subrayó la falta de diálogo con las autoridades y la presión que los trabajadores sienten por parte de la dirección del Instituto. “Estamos en una lucha justa y seguiremos hasta obtener una respuesta, porque los empleados del Instituto también tienen derecho a vivir dignamente”, concluyó.
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