En el marco de la tercera edición de la ronda de negocios del Litoral, desarrollada en el Centro de Convenciones Gala, con la inclusión de Paraguay y Brasil, Ernesto Scaglia, presidente de la Federación Económica del Chaco, destacó el crecimiento del evento y su enfoque en conectar productos chaqueños con demandas externas.
Con más de 200 inscriptos y 90 mesas de negocios, el sector alimenticio y de servicios lidera las transacciones.
El encuentro, organizado por la Federación Económica del Chaco (Fechaco), la Cámara de Comercio de Resistencia y la Cámara de Comercio Exterior del Chaco (Comexchaco), con el apoyo de CAME y del Gobierno del Chaco, se realizó la semana pasada en simultáneo con el Foro de Gobernadores del Litoral.
Scaglia también resaltó la formación de un nuevo bloque regional integrado por Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, enfocado en problemáticas comunes como infraestructura, energía e hidrovía.
En El Resumen de Natagalá, Scaglia criticó la falta de aprovechamiento argentino de la hidrovía, dominada por Paraguay debido a las trabas legales y gremiales locales. "La ley de cabotaje encarece las operaciones, obligando a las barcazas a evitar puertos argentinos", explicó.
Además, señaló que Paraguay, sin salida al mar, supera a Argentina en logística fluvial, con una flota de barcazas que solo es superada por Estados Unidos y China. "Necesitamos reglas claras y políticas a largo plazo para competir", afirmó, contrastando la inestabilidad argentina con la solidez económica paraguaya.
El dirigente celebró el fin de los cortes de ruta, que reactivó el comercio en Resistencia, pero criticó las trabas municipales y ambientales que desincentivan inversiones. "Hay que planificar la ciudad con lógica: zonas industriales, logísticas y gastronómicas", propuso.
Sobre el programa Impulsar Chaco, reconoció su intención positiva pero subrayó la necesidad de mayor capacitación laboral.
"La educación es clave; sin disciplina y formación, es difícil sostener empleos", concluyó, enfatizando la urgencia de políticas que fomenten la inversión privada con seguridad jurídica.