Por: Esc. Noelia Dina Canteros – Secretaria Gral. De la Gobernación.
D.N.I. Nº 26.696.545
La actual gestión viene ejecutando un plan de gobierno entre cuyos ejes estratégicos se destaca la gestión pública de calidad. Es en este marco, que el Gobernador Capitanich ha dispuesto el llamado a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir los cargos de Fiscal de Estado y Contador y Subcontador General de la Provincia.
Observo con asombro, las fallas argumentativas que la oposición con una clara intencionalidad maliciosa de poner en duda el estricto acatamiento a las normas vigentes por parte de la actual gestión de gobierno, expone a través del secretario general de la UCR Chaco, cuando refiere su preocupación acerca del contralor de los fondos públicos, cuestionando por un lado a las personas a cargo de ciertos organismos constitucionales, desconociendo la normativa vigente y evitando participar de los procesos transparentes de selección que exigen.
Así es que desconocen la Ley Nº 1940-A, que establece la facultad de designación por parte del Gobernador de la Provincia de quien ejerza el cargo de Fiscal de Estado, debiendo luego remitir esta para su ratificación por parte del Poder Legislativo.
Asimismo, y por primera vez en la historia de nuestra Provincia, por iniciativa propia del titular del ejecutivo provincial, la designación del Fiscal de Estado se efectuará por medio de un concurso abierto de oposición y antecedentes. Mecanismo que garantiza que quien resulte electo o electa, sea quien demuestre ante el Tribunal Examinador del Poder Legislativo conformado por representantes de la oposición y del oficialismo, estar mejor preparado para ejercer la enorme responsabilidad de defender los intereses de la Provincia, generando de esta manera una doble intervención de la Cámara de Diputados. Cabe señalar que dicho concurso se ha desarrollado de acuerdo a los parámetros establecidos y se encuentra en la última etapa de ejecución.
Una situación similar se genera con relación al Concurso para Contador y Subcontador general de la Provincia, el que se encuentra en proceso y se ha visto ralentizado por la suspensión de términos administrativos debido a las restricciones sanitarias. En este caso en particular, es dable hacer saber a la comunidad, que el bloque opositor ha decidido no participar del Tribunal Examinador. Es decir, rechazan participar del proceso de selección, eludiendo responsabilidades que permiten a la sociedad contar en dichos cargos con personas que demuestren la necesaria capacidad, idoneidad y preparación para su ejercicio.
La oposición también pretende desconocer la reciente sanción por parte de la Cámara de Diputados de la ley propuesta por el Poder Ejecutivo, modificando parcialmente la Ley de Administración Financiera, incorporando a los fondos de fideicomisos como subsector de la Administración Pública Provincial, y por lo tanto sujeto al contralor de los organismos correspondientes.
La actual gestión de gobierno, ha elevado una propuesta de reforma constitucional, con el objetivo de debatir el funcionamiento de las actuales instituciones, generando mecanismos para una mejor institucionalidad y funcionamiento de los organismos públicos, reforma que es resistida tenazmente por el bloque opositor.
La reforma que propusimos, pretende consolidar un sistema de gestión pública de calidad. Entre los puntos a debatir, se encuentra la reforma en los mecanismos de selección y duración de mandatos de los organismos de contralor, lo que otorgaría mejor representatividad y la necesaria revalidación de la capacidad de los funcionarios a cargo de esas responsabilidades.
Generación de sistemas de control interno y externo mediante una nueva ley de administración financiera que imponga límites al déficit y al endeudamiento público. Reforma del Poder Judicial con limitación de mandatos hasta cinco años, con nuevos concursos de antecedentes y oposición por sólo un mandato, límite a los mandatos de Jueces, integrantes de organismos de control, Intendentes, Concejales, Diputados provinciales, Asociaciones profesionales y Sindicatos. Designación de miembros del Tribunal de Cuentas por concurso de antecedentes y oposición, duración en los cargos por un plazo de 5 años y posibilidad de renovación por un período similar, límite a la estabilidad de los cargos en Tesorería y Contaduría General y designación de igual modo que el propuesto para el Tribunal de Cuentas, entre otros aspectos.
El Juicio de Residencia, la plataforma de Gobierno Abierto, los programas de participación ciudadana, la plataforma de consulta de la Contaduría General para conocimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios y el uso de los recursos de todas las reparticiones del Estado, y la destacada selección de miembros del Superior Tribunal de Justicia por Concurso de oposición y antecedentes, entre otras muchas acciones desplegadas en la gestión, evidencian la directriz que hemos impuesto en el desarrollo de las políticas públicas, las cuales pretenden desconocer desde una oposición acostumbrada a reclamar y resistir sin analizar ni conocer las propuestas de este gobierno, negando una impostergable necesidad de construcción colectiva que tenga impacto en la calidad de las Instituciones y el beneficio de la sociedad.
