La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó este miércoles una investigación donde asegura que las fuerzas de seguridad de Colombia fueron responsables de al menos 28 muertes y 16 casos de “violencia sexual” durante las protestas masivas del Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque, realizadas en las principales ciudades colombianas entre abril y julio de este año.

En un documento de 63 páginas publicado en su web, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU explica que existen "razones fundadas" para sostener que en las movilizaciones del 28 de abril al 31 de julio las autoridades policiales “habrían cometido violaciones a los derechos humanos”.

Entre ellas, la ONU detalla “el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y las violaciones a la integridad y seguridad personal, así como las detenciones arbitrarias, la violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo”.

Durante los meses que duraron las protestas en contra de la reforma tributaria propuesta por Duque, se vivieron jornadas de violencia en las calles que dejaron un saldo de 46 muertos -44 eran civiles y dos policías- y 27 personas que aún están desaparecidas, según el documento publicado por la oficina de la ONU.

Entre los 44 civiles fallecidos, la investigación explica que “existen motivos razonables” para afirmar que “en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía”.

Además, hubo “60 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por la policía”, de los cuales 16 ya fueron verificados.

En cinco de los casos documentados, la violencia sexual constituiría tortura y en otros ocho casos tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las movilizaciones que promovió el Comité Nacional de Paro (CNP) de Colombia. Foto: AFP

“De acuerdo a la información recopilada y contrastada por la Oficina, existen razones fundadas para sostener que en estos casos integrantes de la policía usaron la violencia sexual para castigar a las personas por su participación en las manifestaciones y para humillarlas por su condición de mujeres (...) Muchas de las violaciones registradas se cometieron en el marco de detenciones arbitrarias”, detalla el informe.

Los datos de la investigación fueron recabados luego de realizar entrevistas a víctimas y testigos, concertar reuniones con funcionarios y manifestantes y analizar material audiovisual.

Estas cifras de la ONU compiten con las de la fiscalía colombiana que dan cuenta de 29 homicidios durante la agitación social, según informó la agencia de noticias AFP.

Las movilizaciones que promovió el Comité Nacional de Paro (CNP) de Colombia, a las que sumaron miles de jóvenes y desempleados, ocurrieron en un contexto de creciente desigualdad social y económica en Colombia, una situación estructural agravada por la pandemia de la Covid-19: durante el primer trimestre del año la tasa de desempleo fue 15,8% y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que el 48% de la población colombiana estaba en una situación de inseguridad alimentaria.

Según el informe de la ONU, la mayoría de las personas fallecidas eran “jóvenes entre 17 y 26 años, que vivían en barrios pobres y periféricos, hijos/as de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o desescolarizados/as”.

Durante las entrevistas que realizaron los investigadores, los familiares de las víctimas de las protestas expresaron que “participaban en las manifestaciones porque querían generar cambios estructurales e institucionales para tener mejores oportunidades de estudio o trabajo y un futuro mejor para sus familias”.

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