El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha listado a la jefa del gabinete de Nayib Bukele, a su director de prisiones y a un funcionario de la presidencia como responsables de actividades criminales.

A la primera la acusa de participar en corrupción con fondos para atender la pandemia de Covid-19 y a los otros dos de ser los principales operadores de un pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18. A todos Washington les impuso sanciones financieras amparado la Ley Magnitsky.

Las sanciones, además de provocar una aireada respuesta de Bukele que ha llevado hasta extremos sin precedentes la crisis diplomática con Estados Unidos en la que el salvadoreño ha embarcado a su país, dan ahora aval político a señalamientos sobre irregularidades, corrupción y actos criminales que la prensa y organizaciones civiles salvadoreñas habían hecho incluso antes de que el popular político se inauguró como presidente en junio de 2019.

Por esos señalamientos, Bukele y sus funcionarios emprendieron la persecución y acoso a sus críticos.

Primero llegó, el 8 de diciembre, la nominación de Osiris Luna Meza, director general de centros penales de El Salvador (DGCP) y de Carlos Marroquín Chica, director de la unidad de reconstrucción del tejido social de la presidencia, a quienes el Departamento del Tesoro en Washington responsabiliza de llevar adelante las negociaciones entre el gobierno Bukele y la MS13 y el Barrio 18 para garantizar reducciones en las cifras de homicidios y beneficios electorales.

Aunque no nombra al presidente como sujeto de sanciones, el Tesoro estadounidense (DOT, en inglés) señala a la administración de Nayib Bukele como líder de las negociaciones y de las actividades criminales que de esta se han desprendido; por ejemplo, de la entrega de dinero público como incentivo financiero para las pandillas.

Luna y Marroquín, dice el gobierno estadounidense, eran “los representantes” de Bukele en las negociaciones.

Las legislaciones de Estados Unidos y El Salvador entienden a las pandillas MS13 y Barrio 18 como organizaciones terroristas y contemplan, ambas, varios tipos penales aplicables a quienes apoyan sus actividades.

Como había adelantado Infobae, al nombramiento de Luna y Marroquín se suma una investigación penal que ha hecho una fuerza de tarea estadounidense bajo la coordinación del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia (SDNY, en inglés) en la que ambos funcionarios aparecen nombrados y que, según Reuters, se traducirá en una acusación criminal.

Un día después de las primeras nominaciones, el jueves 9 de diciembre, el DOT listó a Martha Carolina Recinos de Bernal, cuyo título oficial es Comisionada Presidencial de Operaciones del Gabinete de Gobierno, como acreedora de las sanciones contempladas en la legislación Magnitsky, que incluyen negar la entrada del funcionario señalado y sus familiares a Estados Unidos y bloquearles el acceso a cualquier instrumento financiero y bancario de ese país.

El rol de Recinos en el gobierno de Bukele es más complejo. Ella no es, solo, una representante en actividades tildadas de criminales; ha sido también una de las operadoras más importantes de un grupo relacionado con el lavado masivo de dólares venezolanos a través de empresas fachadas y créditos, a los que ella y Nayib Bukele han estado vinculados.

De Recinos de Bernal dice el DOT que es la “cabeza de un esquema de corrupción multimillonario” que sirvió para desviar fondos públicos supuestamente destinados a la atención del Covid-19 desde varios ministerios del gobierno.

Parte de ese dinero, dice Washington, sirvió para procurar apoyo político a los candidatos del partido oficial, que en febrero de 2021 ganó mayoría absoluta en el Congreso.

Bukele y su gobierno no han podido, hasta ahora, responder nada concreto a los señalamientos de Estados Unidos.

Se han limitado a intentar desviar la atención y, en el caso del presidente, a acusar a Washington de injerencia y a revelar comunicaciones privadas con diplomáticos estadounidenses para dar la apariencia de que estaban ejerciendo presiones indebidas.

Bukele, incluso, publicó una supuesta foto de pantalla de una conversación con Jean Manes, la ex encargada de negocios en San Salvador.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, desmintió públicamente al presidente salvadoreño.

“Condenamos las acusaciones falsas de Nayib Bukele contra el presidente de los Estados Unidos y otros oficiales estadounidenses”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Estos ataques personales injustificados intentan distraer al pueblo salvadoreño de la corrupción de la administración Bukele”.

El intercambio marca el punto más bajo de la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos en décadas, lo cual no es una buena noticia para el país centroamericano, que depende en buena medida de la voluntad de Washington para obtener una línea crediticia por US$1.3 mil millones sin los cuales enfrentaría una situación fiscal muy compleja en 2022.

En Estados Unidos, además, viven cerca de 3 millones de salvadoreños de acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias, de cuyas remesas depende en buena medida la economía del país.

Catedral, la investigación que inició todo

Osiris Luna, Carlos Marroquín y Carolina Recinos de Bernal también fueron investigados por la Fiscalía General de la República de El Salvador como miembros de una supuesta estructura criminal que ha operado desde el gobierno de Nayib Bukele.

Estos tres son parte de un grupo de al menos dos docenas de personas que, según los indicios confirmados por un ex investigador fiscal a Infobae, se embarcaron en actividades delictivas que, entre otras, incluyen las destacadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En esas investigaciones consta, también, el nombre de Alma Yanira Meza, madre del director de prisiones Luna, y quien también fue sancionada por el DOT por actos de corrupción relacionados con fondos para enfrentar la pandemia.

Uno de los primeros indicios claros de la participación de Nayib Bukele y su entorno en actividades que luego oficinas de investigación en tres países calificaron como criminales llegó en septiembre de 2019 en forma de una investigación periodística que reveló que el presidente había recibido 1.9 millones de Alba Petróleos, el consorcio empresarial salvadoreño alimentado con dinero venezolano desde la estatal PDVSA en investigada por lavado de dinero en Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

Investigaciones posteriores, periodísticas y académicas, revelaron que Carolina Recinos, la superministra de Bukele, y Eric Vega, amigo cercano y asesor comercial, eran parte de la red que movió dinero amparados bajo la sombrilla de Alba Petróleos.

Las sanciones del DOT no mencionan el entramado Alba, pero la llamada Lista Engel, un instrumento del Departamento de Estado para nombrar a funcionarios extranjeros sospechosos de corrupción, sí señala a Carolina Recinos de participar en un esquema “masivo de lavado de dinero”, en referencia a Alba Petróleos.

Fuente: Infobae

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