Tras la audiencia de conciliación convocada por el juez Julián Flores, en el marco de la acción de amparo impulsada por la Defensoría del Pueblo que obligó a retrotraer el precio del boleto de colectivos en el área metropolitana; los empresarios vinculados a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros pidieron una reunión de carácter "urgente" con el gobierno para analizar los pasos a seguir.
La iniciativa de los concesionarios era esperable teniendo en cuenta que el encuentro realizado el miércoles no sirvió más que para que las partes expongan sus argumentos para justificar el último aumento del 60% (de $710 a $1150) o cuestionarlo, como en el caso de la Defensoría del Pueblo y el legislador provincial, Santiago Pérez Pons, como amicus curiae.
Básicamente, los empresarios aseguran que, con el cuadro tarifaria previo con el pasaje a $710, la ecuación económica de las empresas "no cierra", con lo cual, buscarán un aporte extra por parte del Estado, cuyos representantes han repetido que no hay más recursos para destinar al transporte.
De no haber respuestas positivas, se avanzaría con medidas que pueden afectar el servicio (como la reducción de frecuencias) o poner en riesgo la fuente de trabajo delos choferes.
Fuente: Diario Norte