En diálogo con La Mañana de Natagalá, el abogado penalista Marco Molero abordó el controvertido tema de la “puerta giratoria” en el sistema judicial argentino, desmitificando esta expresión y señalando los verdaderos problemas estructurales que afectan el proceso penal.
Molero, desde un enfoque claro y técnico, explicó que la prisión preventiva, muchas veces cuestionada, debe ser una medida extrema, ya que priva de libertad a alguien que, hasta que no haya una condena firme, sigue siendo considerado inocente. “No podemos caer en la injusticia de encarcelar a alguien durante todo el proceso solo por una denuncia”, aclaró.
Sin embargo, el abogado fue contundente al afirmar que la problemática no radica en una supuesta "puerta giratoria", sino en "la falta de celeridad del sistema judicial", que a menudo tarda años en procesar delitos graves como homicidios o violaciones. “No podemos demorar tres o cuatro años para determinar si una persona es culpable o inocente. El verdadero problema está en la lentitud del proceso penal”, sentenció Molero.
Durante la entrevista, el letrado también criticó la sobrecarga de casos menores que saturan el sistema judicial, como denuncias por hurto de celulares destinadas a cobrar seguros.
Estas causas, según Molero, restan recursos a investigaciones cruciales, como la toma de ADN en delitos graves. “Necesitamos una reforma procesal profunda que priorice los delitos de mayor gravedad y agilidad en los trámites”, sostuvo.
El abogado sugirió además que el sistema podría prescindir de formalismos innecesarios, lo que permitiría desburocratizar los procedimientos y ahorrar recursos.
Como ejemplo, Molero relató anécdotas que reflejan la ineficiencia del sistema, como el caso de un trabajador al que se envió a cuatro policías para que compareciera por el hurto de un desodorante, solo para abstenerse de declarar. “Es ridículo, el costo del operativo fue mayor que el valor del objeto sustraído”, narró con humor el abogado.
Molero concluyó su intervención reiterando que el problema no radica en la supuesta laxitud de las leyes, sino en la "falta de una administración eficiente" de los recursos judiciales. "El sistema punitivo no es blando, es muy duro, pero está atado a un ritualismo burocrático que no contribuye a una verdadera justicia", subrayó.
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