En el marco de las movilizaciones por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la abogada Silvina Canteros, integrante del Comité de Prevención contra la Tortura del Chaco, reflexionó sobre el rol del Estado y las fuerzas de seguridad durante las protestas sociales.
En La Mañana de Natagalá, Canteros destacó la importancia de garantizar el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, al tiempo que cuestionó el despliegue policial en este tipo de eventos.
Canteros explicó que el Comité, en su función de organismo de derechos humanos, supervisa el accionar de las fuerzas policiales en el marco de las protestas.
Subrayó que la protesta social no solo es un derecho legítimo, sino un ejercicio esencial de la democracia participativa y deliberativa.
“El espacio público, ya sea una plaza o una calle, es un lugar de expresión ciudadana que debe ser respetado. Limitar las marchas en estos espacios implica restricciones a la libertad de expresión”, afirmó.
La abogada señaló que el accionar policial debe ajustarse a los estándares legales provinciales y nacionales, recordando que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco emitió fallos que regulan cómo la policía debe garantizar el derecho a la protesta.
Sin embargo, cuestionó la presencia de fuerzas de seguridad equipadas con elementos represivos, como cascos y escudos, en una fecha tan significativa para las mujeres y las diversidades. "Aunque puede estar dentro de la normativa, resulta simbólicamente innecesario, especialmente en un día como el 25 de noviembre", sostuvo.
En su análisis, Canteros hizo hincapié en la necesidad de involucrar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género, incluyendo a los hombres y las masculinidades.
“El 25N no es una protesta partidaria o sectorial; nos engloba a todas las mujeres y llama también a los hombres a asumir su rol social en la erradicación de la violencia”, expresó. Además, destacó la importancia de visibilizar estas problemáticas y generar una convocatoria amplia para combatir esta forma de violencia estructural.
El Comité de Prevención contra la Tortura continuará monitoreando este tipo de eventos para garantizar que las movilizaciones puedan desarrollarse en un marco de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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