Por Cr. Facundo Pujol
En la Argentina de hoy, el empleo público dejó de ser sinónimo de estabilidad para convertirse en una forma cruda de castigo. En medio de un programa de ajuste brutal y sin precedentes, los empleados estatales viven una pérdida sistemática y acelerada de su capacidad adquisitiva, con salarios que se pulverizan ante una inflación que corre muy por delante de cualquier recomposición nominal.
Durante décadas, el discurso político en torno al empleo público ha oscilado entre dos extremos: como motor de desarrollo y presencia del Estado en el interior profundo, o como símbolo del "gasto innecesario" a recortar.
Hoy, bajo la lógica del equilibrio fiscal a cualquier costo, los trabajadores del Estado en todas sus formas: docentes, administrativos, técnicos, profesionales de la salud, de la cultura, de la seguridad— son víctimas de un recorte estructural que no necesita eufemismos: se busca menos Estado, y por lo tanto, menos trabajadores públicos.
Desde la llegada del nuevo gobierno, los salarios reales han experimentado una notable disminución, superando el 15% en algunos casos, según un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Para reflejar de manera más precisa la realidad económica, CIFRA propone el uso de un "IPC reponderado", que ajusta la canasta de consumo según patrones más actuales.
Con este índice, los salarios reales registrados en diciembre de 2024 se situaron casi un 9% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Históricamente, esta cifra es aún más baja; como resultado de la fuerte caída salarial al final del gobierno de Mauricio Macri, el salario real es un 22,7% menor que en diciembre de 2017. Las diferencias entre los sectores público y privado son notables: mientras que el sector privado perdió un 3% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, en el sector público la reducción alcanza al 18,4%.
Mientras tanto, el discurso oficial no busca proteger el empleo estatal: lo demoniza. La narrativa dominante instala que “sobran empleados públicos”, generando un clima social propicio para avanzar con despidos masivos sin reparos legales ni éticos. No se trata de eficiencia, sino de ideología: reducir al mínimo el rol del Estado, y con él, desmantelar las estructuras laborales que lo sostienen.
Bajo este paradigma, los despidos ya no deben justificarse técnicamente: basta con invocar la consigna de la casta y el mito del “Estado elefantiásico” para legitimar el vaciamiento.
Este fenómeno, que podríamos llamar "licuación salarial institucionalizada", representa un ajuste tan eficaz como cruel: reduce el gasto público sin necesidad de conflicto político visible, desplazando a los trabajadores hacia la pobreza o el pluriempleo silencioso. Lo que se presenta como una estrategia de eficiencia presupuestaria es, en realidad, una degradación progresiva del rol del Estado y del valor del trabajo público.
En muchos sectores de la administración pública nacional, los salarios han perdido entre un 30% y un 50% de poder adquisitivo en apenas un año. Los acuerdos paritarios son insuficientes, y en muchos casos ni siquiera existen.
A quienes sostienen hospitales, escuelas, universidades, planes sociales y organismos técnicos se les exige sacrificio sin contraprestación, mientras se alimenta desde lo más alto del poder un desprecio sistemático hacia su función.
En este contexto, no hay reforma estatal genuina posible si no se parte del reconocimiento del trabajo público como pieza clave para el desarrollo. Sin recomposición salarial real, sin condiciones dignas, sin una visión estratégica del rol del Estado, el ajuste no es reforma: es renuncia.
El Estado no puede ser eficiente cuando sus trabajadores se empobrecen. Y el país no podrá salir adelante si continúa despreciando el trabajo que sostiene, día a día, su funcionamiento más básico. La pregunta ya no es cuánto cuesta el empleo público. La pregunta es: ¿cuánto vale?
Sobre el autor:
Cr. Facundo Pujol es Contador Público egresado de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Docente Adjunto por concurso de la cátedra de Finanzas Públicas, y Jefe de Trabajos Prácticos de la catedra de Análisis Económico de la carrera de Contador Público en UNCAUS. Fundador de la consultora Chaco Meridiano. Asesor contable en el Estudio Jurídico y Contable Pujol. Analista económico en Radio La Red Sáenz Peña, Radio Centro, Opción de Noticias, radio Natagalá, Infoquom y Multimedios Ciudad.