Los países que pretenden la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus iniciarán una carrera de diez días para sumar voluntades antes de la nueva cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde se enfrentarán al rechazo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
En paralelo esta semana se produjo la mejor noticia para los países más pobres: el inicio de la distribución de dosis a través del mecanismo solidario Covax.
El aeropuerto de Accra, capital de Ghana, acaparó esta semana todas las miradas –y seguramente algo de envidia- porque hasta allí llegó desde India el primer cargamento de vacunas financiado por el instrumento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca que los inmunizadores lleguen a naciones pobres.
Un par de días después fue Costa de Marfil el que vio llegar a su aeropuerto de Abiyán una carga de 504.000 dosis de AstraZeneca-Oxford también a través del Covax.
La puesta en marcha de este esquema, aunque demorada, constituye una brisa de esperanza para los países con menos recursos, que ven cómo las naciones más poderosas compran por demás lotes que ni siquiera fueron aún producidas.
No aparece con claridad aún cuánto de eso puede resolverse si, como pretenden unos 100 países –incluida la Argentina- se impone en la OMC la exención, aunque sea temporal, de los derechos de propiedad intelectual de las varias vacunas ya aprobadas o en vías de lograrlo.
Hace semanas que circula por redes un dato que alguien rescató de la historia: en marzo de 1922, los canadienses Frederick Banting y Charles Best anunciaron el descubrimiento de la insulina, que cambiaría la vida de millones de personas diabéticas en el mundo. Como juzgaron que debía estar al alcance de todos, vendieron la patente al simbólico precio de 1 dólar a la Universidad de Toronto.
Paradójicamente, todo pasó en Canadá, país que ya acordó la compra de un número de vacunas que multiplica por cinco su población total.
Fuente: Telam
