Los incendios forestales avanzan con una rapidez descontrolada en la provincia de Córdoba, dejando un panorama desolador: más de 69.000 hectáreas quemadas, decenas de viviendas destruidas, cientos de evacuados y una incalculable pérdida de fauna y flora autóctona.
Pese al esfuerzo de bomberos y voluntarios, quienes luchan incansablemente contra el fuego, las llamas siguen consumiendo todo a su paso. Mientras tanto, crecen las especulaciones sobre posibles intereses inmobiliarios y agrícolas detrás de la tragedia.
El geógrafo y docente del CONICET, Joaquín Deón, señaló que el impacto de los incendios en Córdoba no es un fenómeno nuevo. De hecho, esta provincia se encuentra entre los diez lugares del mundo con mayor incidencia de incendios forestales. “En 2021 y 2022, se quemaron más de 350.000 hectáreas, lo que da cuenta de un problema sistemático», afirmó.
Los incendios de este año superan los de temporadas anteriores y, aunque muchos responsabilizan al cambio climático, Deón sostuvo que “hay un interés económico detrás de la pérdida de vegetación nativa y el cambio en el uso del suelo”.
Este tipo de situaciones, según el experto, facilita que sectores con intereses inmobiliarios y agrícolas se beneficien de la destrucción del ecosistema.
Un claro ejemplo de los intereses inmobiliarios se observa en La Calera, donde, pese a las normativas que impiden el avance urbano en áreas de reserva o incendiadas, se llevó a cabo una audiencia pública para discutir un proyecto inmobiliario en una zona afectada por incendios recientes. Deón argumentó que “siempre se encuentra la forma de sortear las leyes y acaparar tierras para proyectos que favorecen a unos pocos”.
La provincia de Córdoba, según el experto, es “exportadora de un modelo extractivista que utiliza los incendios para generar un impacto ambiental casi irreversible”. Este modelo, señaló, no solo afecta la vegetación, sino también las cuencas hídricas y los recursos naturales esenciales para las comunidades locales.
En medio del desastre, los vecinos afectados intentan combatir las llamas con métodos improvisados, como bidones de agua y palas.
Sin embargo, la respuesta del Estado es limitada. Deón denunció que, aunque el gobierno gira fondos de emergencia para los grandes establecimientos agropecuarios y turísticos, rara vez se destinan a la reconstrucción de viviendas. Esto obliga a muchas familias a abandonar sus hogares o venderlos a bajo precio a especuladores.
