El diputado provincial del Frente Chaco Merece Más, Santiago Pérez Pons, se refirió a la investigación judicial por presuntas maniobras con fondos municipales en Sáenz Peña y sostuvo que la imputación contra Diego Landriscina “era esperable” tras la denuncia impulsada por la oposición.
Según el fiscal Marcelo Soto, el exsecretario de Gobierno habría autorizado la compra de cheques por más de $ 1.700 millones sin garantías de cobro, utilizando recursos del Municipio a través de operaciones realizadas en la Bolsa de Comercio del Chaco.
El legislador afirmó, en El Resumen de Natagalá que, de no haberse presentado la denuncia y la querella, “esto no se conocía” y remarcó que la acusación incluye incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública.
Pérez Pons cuestionó las operaciones financieras realizadas con fondos municipales y aseguró que “llevaron al Municipio a perder plata sin aprobación del Concejo”. Además, indicó que las inversiones en cheques no garantizados se habrían realizado desde 2023 y afirmó que “durante dos años y medio llevaron adelante operaciones riesgosas para el Municipio”. También planteó que la investigación debería avanzar sobre el intendente Bruno Cipolini al considerar que las decisiones “eran colectivas”.
En otro tramo de la entrevista, el diputado se refirió a la cuarta Marcha Federal Universitaria que se realizará esta tarde y consideró que la defensa de la universidad pública “trasciende lo ideológico”.
Sostuvo que el financiamiento universitario constituye “una de las pocas políticas de Estado” consolidadas en la Argentina y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de judicializar la aplicación de la ley aprobada por el Congreso. “La sociedad en su conjunto está de acuerdo con defender la universidad pública”, afirmó.
Respecto de la actividad legislativa provincial, Pérez Pons criticó el funcionamiento de la Cámara de Diputados y aseguró que el oficialismo “no quiere que la Legislatura funcione”. También defendió la continuidad de las PASO y rechazó el argumento económico utilizado para suspenderlas.
En materia salarial, sostuvo que el gobierno de Leandro Zdero únicamente aplicó la cláusula gatillo durante el primer año de gestión y cuestionó que luego fuera eliminada sin otorgar incrementos por encima de la inflación. Además, afirmó que los trabajadores estatales, a los que la actual administración “detesta”, “perdieron entre 35 y 40% de su poder adquisitivo”.
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