El presidente del Consejo de Abogados y Procuradores del Chaco, Miguel Vigier, ratificó el respaldo de la abogacía provincial a la ley de honorarios profesionales y rechazó los planteos de inconstitucionalidad impulsados por sectores de la magistratura.
Según explicó en El Resumen de Natagalá, tanto el Consejo Provincial de la Abogacía como los colegios profesionales de toda la provincia emitieron un comunicado conjunto en defensa de la norma, sancionada por unanimidad en la Legislatura. “La ley es constitucional y estos mismos planteos ya fueron rechazados por el gobernador Zdero, por gran parte de los tribunales y por el Ministerio Público”, sostuvo.
Vigier afirmó que la oposición a la norma proviene de “un sector minúsculo de la magistratura” y consideró que existe una resistencia a los mecanismos de control previstos en la legislación. El dirigente señaló que uno de los puntos cuestionados es la creación de un observatorio destinado a recopilar denuncias y antecedentes sobre posibles apartamientos de la ley por parte de jueces y juezas. “Los magistrados no están exentos de control. En ninguna república democrática los jueces están fuera de los mecanismos institucionales de supervisión”, expresó.
Además, cuestionó declaraciones de la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani, quien había advertido sobre el posible impacto económico de la norma. Según Vigier, "el justo reconocimiento de una retribución digna a los abogados no afecta las arcas del Estado".
El titular del Consejo de Abogados aseguró que la ley ya se encuentra vigente y es aplicada por la mayoría de los tribunales chaqueños, aunque advirtió sobre las consecuencias institucionales que podría generar la judicialización impulsada por algunos sectores. “Quienes ya se pronunciaron públicamente sobre la inconstitucionalidad de la ley quedan en una situación de prejuzgamiento”, afirmó.
En ese sentido, consideró que los jueces que promovieron o respaldaron esas acciones podrían verse obligados a excusarse de intervenir en causas donde deban aplicar la normativa, lo que derivaría en un escenario de “vaciamiento jurisdiccional” dentro del Poder Judicial.
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