El abogado querellante Juan Arregín confirmó que la Procuración General resolvió conformar un equipo fiscal especial para intervenir en la investigación por la muerte de Julián Álvarez Guardia, de cara al futuro juicio por jurados. La decisión fue comunicada tras una reunión entre el procurador general Jorge Canteros y la familia de la víctima, quienes también plantearon cuestionamientos por el manejo inicial de la causa y solicitaron apartar a la fiscal Ana González de Pacce, pedido que finalmente quedó sin efecto.
Arregín explicó, en El Resumen de Natagalá, que la incorporación del fiscal Martín Bogado aporta garantías al proceso y respondió a una resolución vigente del Ministerio Público Fiscal para causas que serán juzgadas por jurados. "Nos deja tranquilidad. Se desactiva el planteo de apartamiento de la doctora González porque vamos a trabajar principalmente con el doctor Martín Bogado", sostuvo.
Además, señaló que desde la Procuración reconocieron que la conferencia de prensa brindada tras la imputación "debió realizarse después de convocar a las víctimas" y admitieron que Bogado debió haber estado presente.
Durante la reunión, la querella también manifestó su preocupación por el manejo del teléfono celular de la víctima, que permaneció en poder de la familia de la imputada antes de ser entregado a la Justicia. En ese sentido, Arregín adelantó que solicitarán pericias para determinar si el dispositivo fue manipulado y si se eliminó información relevante para la investigación. "Ese teléfono contenía información sensible y no tenía por qué estar en manos de la familia de Victoria. Vamos a pedir todas las pericias y que se establezcan las responsabilidades correspondientes", afirmó.
El abogado atribuyó la demora en el secuestro del teléfono a una falta de diligencia en la investigación inicial y aseguró que el resultado de las pericias será determinante para definir nuevas medidas. "Si se manipuló el celular y están las huellas de esta mujer, va a tener que venir a rendir cuentas", advirtió. No obstante, aclaró que, según lo informado por el procurador, no existen vínculos entre la familia de la imputada y funcionarios judiciales que hagan presumir algún tipo de protección institucional.
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