El abogado Ignacio Sinkovich informó que, junto a otros representantes legales, mantuvo una reunión con la jueza federal Zunilda Niremperger para plantear la situación de los trabajadores de la cadena de gimnasios Exen, en el marco de la investigación judicial que atraviesa a la empresa.
Según explicó en La Mañana de Natagalá, mientras algunas sedes del interior y de Corrientes estarían desmanteladas, las del Gran Resistencia conservarían sus instalaciones y máquinas, que ya fueron inventariadas y podrían volver a funcionar. “Sería posible plantear la posibilidad de que se abran aunque sea algunas de las sedes, las que ya están operativas”, sostuvo.
Sinkovich aclaró que la magistrada no adelantó ningún criterio respecto de una eventual reapertura, ya que cualquier medida deberá ser planteada formalmente y resuelta en el ámbito judicial. Entre las alternativas que analizan los abogados aparece la posibilidad de solicitar una intervención judicial, mediante la designación de una persona que administre la empresa bajo supervisión del juzgado. “Lo más viable sería una intervención”, indicó y explicó que, al existir una investigación penal en curso, cualquier actividad comercial debería mantenerse bajo control de la Justicia para preservar los bienes involucrados.
El abogado señaló que los trabajadores buscan fundamentalmente recuperar sus puestos y garantizar una fuente de ingresos estable, en un contexto económico que dificulta la posibilidad de conseguir rápidamente otro empleo. También mencionó que existen deudas salariales y que se está buscando una alternativa para afrontar los pagos pendientes.
En ese sentido, cuestionó la falta de contacto con el área provincial de empleo y planteó que el Gobierno podría intervenir desde ese ámbito. “Ellos son damnificados y también podrían operar en esta situación”, afirmó. Además, precisó que los trabajadores están encuadrados como empleados de comercio y cuentan con la obra social correspondiente.
Tras la reunión, Sinkovich indicó que los abogados analizarán los pasos a seguir junto con los trabajadores antes de definir si presentan una medida judicial. “Primero nos vamos a reunir con los demás abogados, lo vamos a charlar y vamos a charlar con los demás trabajadores y ver si esto es viable o no jurídicamente y también operativamente”, explicó.
Destacó además la disposición de la jueza para recibirlos y escuchar el planteo: “fue muy amable y está bien que nos haya recibido”, aunque remarcó que la magistrada deberá ponderar tanto el avance de la investigación como la situación social de los trabajadores afectados.
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