Fabio Zerpa, presidente de la Cooperativa de Motomandados de Resistencia, aseguró que el sector cuenta con legislación provincial y municipal que regula la actividad, pero cuestionó que las normas no se estén aplicando de manera efectiva. También advirtió sobre los riesgos que genera el uso de falsos trabajadores de plataformas para cometer delitos.
El debate sobre la seguridad y la regulación de los trabajadores de motomandados volvió a instalarse en Resistencia luego de un reciente caso de intento de femicidio en el que, habrían utilizado una modalidad vinculada a trabajadores de plataformas.
En ese contexto, Zerpa sostuvo que el sector no se encuentra desregulado, sino que existen normas específicas que establecen las condiciones para desarrollar la actividad.
Zerpa señaló que en Resistencia está vigente la Ordenanza 9833, sancionada en 2010, que regula el servicio de motomandados en la ciudad. Además, destacó la existencia de la Ley Provincial 8003, sancionada en 2017, que establece pautas vinculadas con la actividad de los trabajadores y las responsabilidades de quienes explotan el servicio.
Según explicó, en 2021 esa legislación fue ampliada para incorporar también a quienes trabajan mediante plataformas digitales, por lo que, desde su perspectiva, Chaco cuenta con un marco normativo que alcanza incluso a las aplicaciones.
“El sector está regulado. Hay una ordenanza lograda en el año 2010 que regula el servicio en la ciudad de Resistencia y hay una ley provincial, única en el país, lograda en 2017”, afirmó.
Sin embargo, el dirigente sostuvo que el principal problema está en la falta de aplicación efectiva de esas normas. “Está totalmente regulado el servicio hasta las aplicaciones. Están estirando todo este tema porque no quieren ejecutar la misma”, cuestionó.
Para Zerpa, cumplir con la normativa permitiría mejorar tanto las condiciones de los trabajadores como la seguridad de quienes utilizan el servicio. Entre otros aspectos, destacó la importancia de que los trabajadores estén identificados y registrados.
El planteo tomó especial relevancia a partir del caso de una mujer que fue víctima de un intento de femicidio y que, según se explicó durante la entrevista, se encuentra internada y sobrevivió al ataque. Zerpa sostuvo que los presuntos agresores habrían utilizado una modalidad que buscaba aprovechar la confianza que habitualmente genera un trabajador de motomandados.
“Cada vez que ve a un motomandado, le da confianza, le abre la puerta, lo atiende sin ningún tipo de problema”, explicó el dirigente, al remarcar que la identificación de quienes prestan el servicio es una herramienta de seguridad tanto para los usuarios como para los propios trabajadores.
En ese sentido, ante la consulta sobre la posibilidad de implementar credenciales visibles —como ocurre con otros servicios de transporte—, Zerpa respondió que la identificación ya está contemplada en las distintas legislaciones.
“Lo que vos planteás de identificación está en todas las legislaciones”, sostuvo. Además, explicó que existe un registro provincial en la Dirección de Transporte destinado a los trabajadores del sector.
El presidente de la Cooperativa de Motomandados consideró que el cumplimiento de esos mecanismos permitiría diferenciar a los trabajadores registrados de aquellas personas que eventualmente utilicen indumentaria o elementos propios de la actividad para ingresar a domicilios con otros fines.
El dirigente también sostuvo que en Resistencia ya se registraron anteriormente episodios de inseguridad en los que, según sus denuncias, personas se habrían presentado o utilizado elementos vinculados con el trabajo de motomandados para generar confianza.
La discusión también alcanzó las condiciones laborales y de circulación de los trabajadores, quienes cumplen extensas jornadas y permanecen durante buena parte del día en las calles. Zerpa defendió la necesidad de que el Estado avance en el cumplimiento de la legislación existente y en mecanismos que permitan garantizar mayor seguridad para trabajadores y usuarios.
En ese sentido, insistió en que el problema no sería la ausencia de normas, sino la necesidad de que las herramientas de regulación y control que ya existen sean efectivamente aplicadas.