Darío Gómez y Romina Duarte, presidente y vicepresidenta del organismo, cuestionaron el proyecto que busca avanzar sobre la ley de reiterancia. Sostuvieron que antes de ampliar las herramientas para disponer detenciones debe resolverse la falta de infraestructura y advirtieron que numerosas personas permanecen alojadas en comisarías que superan ampliamente su capacidad.
El Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Chaco manifestó su oposición al proyecto que busca avanzar sobre la ley de reiterancia en la provincia y planteó que la discusión sobre seguridad debe estar acompañada por políticas de prevención y una mejora de las condiciones de los lugares de detención.
El presidente del organismo, Darío Gómez, explicó que el Comité ya remitió su posición a la Cámara de Diputados luego de que los legisladores solicitaran una opinión formal sobre la iniciativa. Según indicó, el documento fue enviado durante la primera semana de julio y expresa el rechazo del organismo con fundamentos técnicos.
Gómez sostuvo que el debate no puede limitarse a la posibilidad de detener a más personas, sino que debe contemplar las condiciones económicas y sociales que atraviesan los sectores más vulnerables y, especialmente, la situación de los establecimientos donde permanecen las personas privadas de su libertad.
“Tenemos que hablar sobre las condiciones en los lugares en donde habitan las personas que son detenidas, los lugares de encierro, tanto comisarías como unidades penitenciarias”, señaló.
Desde el Comité remarcaron además que se trata de una problemática que atraviesa a distintas gestiones y que su posición no responde a una cuestión partidaria, sino al mandato legal y técnico que tiene el organismo para controlar las condiciones de los espacios de privación de libertad.
En ese contexto, Romina Duarte advirtió que actualmente existe una situación de superpoblación carcelaria y que una cantidad importante de personas privadas de su libertad permanece alojada en dependencias policiales ante la falta de plazas suficientes en el Servicio Penitenciario.
La vicepresidenta del Comité puso como ejemplo la Comisaría Séptima de Resistencia, donde, según afirmó, la capacidad sería de unas 20 personas mientras que actualmente podría albergar alrededor de 80 detenidos.
“Si vamos a discutir reiterancia delictiva, primero tenemos que discutir la infraestructura para alojar a las personas que van a ser privadas de su libertad”, sostuvo Duarte.
La situación, además, genera otra consecuencia señalada por el organismo: policías que deberían estar destinados a tareas de prevención y patrullaje terminan afectados a la custodia y traslado de personas detenidas.
Duarte explicó que efectivos policiales son utilizados para custodiar detenidos y realizar traslados a fiscalías, audiencias, cámaras criminales y centros de salud, reduciendo de esa manera la cantidad de personal y móviles disponibles para recorrer los barrios.
Para el Comité, esta situación debe ser incorporada al debate sobre seguridad. En lugar de concentrar la discusión únicamente en aumentar las posibilidades de detención, plantearon que también es necesario conocer qué políticas de prevención se están implementando.
En ese sentido, Duarte sostuvo que los vecinos deberían exigir al Ministerio de Seguridad información concreta sobre la cantidad de cámaras de videovigilancia instaladas, el número de patrulleros disponibles en cada comisaría y la cantidad de efectivos destinados efectivamente al patrullaje.
“Eso es la exigencia que deberían darle los vecinos al Ministerio de Seguridad: consultar esas políticas de prevención para evitar que justamente se sigan cometiendo hechos delictivos”, afirmó.
Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la situación de las personas que permanecen detenidas bajo prisión preventiva. Duarte sostuvo que, desde la mirada del organismo, la utilización de esta herramienta debe analizarse en relación con las garantías constitucionales y recordó que, jurídicamente, quienes no tienen una condena firme conservan su condición de inocentes.
La representante del Comité también cuestionó la idea de una supuesta “puerta giratoria” en el sistema penal y sostuvo que existen personas que permanecen largos períodos privadas de su libertad antes de recibir una condena.
En ese marco, Gómez y Duarte insistieron en que la discusión sobre la reiterancia no debería avanzar de manera aislada de la problemática penitenciaria. Para el organismo, cualquier modificación que pueda derivar en un mayor número de personas detenidas debe contemplar previamente dónde serán alojadas, en qué condiciones y con qué recursos se garantizará su custodia.
La discusión legislativa continúa y el proyecto de reforma de la reiterancia deberá ser analizado por los diputados chaqueños, en un debate que vuelve a poner en el centro la relación entre seguridad, prevención del delito, prisión preventiva y condiciones de detención.