Los secretarios generales Walter Bernard, de la Unión de Trabajadores Judiciales, y Graciela Aranda, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, cuestionaron el proyecto de ley de intangibilidad que se analiza en la Legislatura chaqueña y reclamaron que se habiliten instancias de diálogo con las organizaciones sindicales. Los dirigentes sostienen que la iniciativa afectaría la negociación colectiva y tendría consecuencias sobre los salarios del sector y las finanzas provinciales.
Bernard y Aranda señalaron en El Resumen de Natagalá que el proyecto “excluye directamente a las asociaciones sindicales y extingue definitivamente la negociación colectiva” y cuestionaron además sus posibles efectos económicos.
Aranda sostuvo que la iniciativa implicaría “una quita salarial” y “un congelamiento” de los haberes judiciales, mientras que también podría generar un mayor endeudamiento para la provincia. En ese marco, reclamaron que se respeten las normas vigentes y plantearon que parte de la sentencia vinculada al sector ya fue cumplida.
Los representantes gremiales también se reunieron con legisladores de bloques de la oposición y anticiparon que buscarán mantener encuentros con todos los espacios políticos, incluido el oficialismo. “Vamos a estar conformes cuando nos podamos sentar a debatir esto con todos”, afirmó Bernard, quien sostuvo que el proyecto podría implicar el desconocimiento de las leyes 468 y 3424. Por su parte, Aranda indicó que los sindicatos agotarán las instancias administrativas y de diálogo antes de avanzar por otras vías.
En relación con la posibilidad de recurrir a la Justicia o disponer medidas de fuerza, los dirigentes señalaron que ambas alternativas permanecen en evaluación, aunque remarcaron que la prioridad inmediata es el diálogo. “Vamos a agotar todas las instancias, por eso estamos propiciando el diálogo”, afirmó Aranda.
Bernard sostuvo que los trabajadores judiciales tienen “la obligación de defender la Constitución de la República Argentina y de la provincia del Chaco” frente a lo que consideran vulneraciones constitucionales y convencionales.
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