El abogado Hernán Cordón, representante de ex trabajadores de Musimundo, advirtió que quienes quedaron sin empleo tras la quiebra de la empresa deben presentarse en el expediente judicial para verificar sus créditos y acceder al pago de las indemnizaciones que correspondan. El letrado remarcó que el 6 de noviembre está previsto el primer proceso de liquidación y pidió a los trabajadores que inicien cuanto antes el trámite, ante la desinformación que existe sobre los pasos a seguir.
En La Mañana de Natagalá, Cordón explicó que la quiebra fue decretada el 2 de septiembre y que los trabajadores despedidos tienen carácter de acreedores privilegiados. “El trabajador que se presenta va a cobrar primero que el que tenía una deuda, por ejemplo, de un corralón”, señaló. Aclaró además que algunos empleados fueron desvinculados durante el concurso preventivo, mientras que otros continuaron trabajando hasta los primeros días de septiembre, cuando se produjo el cierre definitivo.
El abogado señaló que existen fondos y bienes bajo tutela judicial y que los síndicos tienen a su cargo relevar los activos de la empresa para su posterior liquidación. En ese sentido, mencionó que hay alrededor de 120 millones de pesos depositados a disposición de la Justicia y explicó que todo lo que sea incautado hasta el 6 de noviembre será considerado en la primera liquidación. “Por eso yo estoy diciendo por todos lados que los trabajadores se presenten, porque hay que verificar el crédito del trabajador”, afirmó.
Cordón también alertó sobre versiones que podrían llevar a los trabajadores a esperar soluciones por fuera del expediente. “Lo real y concreto es el expediente judicial donde se está llevando la quiebra”, sostuvo, y aclaró que presentarse después del 6 de noviembre no elimina el derecho a reclamar, aunque implicaría una verificación tardía y el ingreso a una liquidación posterior.
Por otra parte, indicó que el juez habilitó a los ex empleados a tramitar el fondo de desempleo ante ANSES y que la obra social también permanece habilitada durante el período establecido judicialmente.
“Hay una forma de buscar cobrar la indemnización, de cobrar el fondo de desempleo mientras la obra social también está habilitada”, remarcó el letrado, quien insistió en la importancia de que los trabajadores cuenten con información precisa. Cordón describió la situación como “horrible” para personas con hasta 20 años de antigüedad que perdieron su fuente laboral de un día para otro y sostuvo que, aunque las prestaciones disponibles no reemplazan la indemnización, constituyen una ayuda mientras avanza el proceso judicial.
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