La decisión de la Justicia Federal de dictar la falta de mérito para los imputados en la causa de los gimnasios Exen y ordenar su libertad reabrió el interrogante sobre la situación laboral de los empleados y el futuro de la empresa.
Ignacio Sinkovich, abogado de los trabajadores, señaló en 7AM que la resolución representa un revés para la acusación, mientras persisten las consecuencias del cierre de los establecimientos. “Hoy nos encontramos con que muchas de esas máquinas también han sido dañadas”, afirmó.
El abogado explicó que la falta de mérito significa que las pruebas reunidas hasta el momento no son suficientes para sostener la acusación penal. La Fiscalía Federal deberá reunir nuevos elementos para avanzar con la investigación, que podría derivar en un sobreseimiento si no logra respaldar los hechos imputados. “Es un revés muy importante para la Fiscalía”, sostuvo Sinkovich, quien aclaró que la causa continúa en trámite.
En el marco del expediente, los trabajadores habían solicitado una intervención judicial que permitiera reabrir los gimnasios que todavía contaban con equipamiento disponible y preservar las fuentes laborales.
La propuesta contemplaba la designación de veedores para supervisar los bienes y garantizar el funcionamiento de los establecimientos mientras se resolvía la situación procesal de los imputados.
El planteo no prosperó y, según precisó el abogado, de los aproximadamente 80 empleados directos, unos 30 participaron del reclamo judicial. “Lo que se pretendía era preservar los puestos de trabajo y preservar también el valor que tenía la empresa”, explicó.
Sinkovich indicó que el cierre obligó a los trabajadores a buscar otras fuentes de ingresos y que algunos debieron recurrir a actividades informales, mientras otros consiguieron empleo en distintos gimnasios con jornadas e ingresos inferiores.
También mencionó los alquileres pendientes de los locales comerciales y los daños registrados en parte del equipamiento. “No es que te das la vuelta a la esquina y conseguís otro trabajo”, señaló.
Sobre una eventual reapertura, consideró que la posibilidad deberá ser evaluada por los representantes de los imputados, en un contexto en el que los trabajadores continúan afrontando las consecuencias laborales y económicas del cierre.
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