El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Darío Gómez, expuso ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura la situación financiera crítica del organismo y pidió que se garantice el financiamiento necesario para cumplir sus funciones.
“Estamos atravesando una situación muy delicada: el presupuesto es insuficiente y las partidas están muy disminuidas en relación a las necesidades operativas”, señaló en El Resumen de Natagalá, tras el encuentro con diputados de todos los bloques.
Gómez informó que la diferencia entre lo propuesto por el Ejecutivo para 2026 y lo requerido por el Comité “es de casi un 80%”, lo que pone en riesgo el cumplimiento de recorridas, monitoreo y acciones de control.
En ese sentido, remarcó que el organismo es pionero en el país y reconocido internacionalmente por las políticas que desarrolla, y que su incidencia presupuestaria es mínima dentro de las más de 50 jurisdicciones provinciales. “Necesitamos financiamiento, si no no podemos cumplir con nuestro cometido”, afirmó.
Durante la entrevista también analizó la jornada electoral del domingo en contextos de encierro: destacó el alto nivel de participación de quienes estaban habilitados, aunque advirtió que el padrón aún no se actualiza con la celeridad necesaria.
“El padrón no se condice con la cantidad de detenidos”, explicó. Además, aseguró que el voto accesible se aplicó sin mayores inconvenientes y solo se registró un caso que requirió asistencia específica.
Por otra parte, Gómez expresó preocupación por la criminalización de la protesta social y el incumplimiento del protocolo provincial que regula el accionar policial en manifestaciones.
“En la provincia se incumple de manera bastante regular”, dijo y recordó que el Superior Tribunal de Justicia volvió a exhortar al Ejecutivo y a la Policía a respetar la Ley 2399-J.
También cuestionó la eliminación del INADI por parte del Gobierno nacional: “me sigo oponiendo a todo avance en la negación de derechos. Hoy no hay un organismo que se ocupe de manera específica de los colectivos vulnerados”.
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