La jueza Dolly Fernández encabezó la lectura de instrucciones finales al jurado popular que deberá definir el veredicto en la causa por el femicidio de Cecilia.
Tras la finalización de la etapa de prueba, explicó el procedimiento que regirá durante la deliberación, el modo en que se evaluará cada acusación y las pautas que deberán aplicar para arribar a una decisión válida. “Ustedes son los jueces de los hechos”, recordó al iniciar la exposición dirigida a los doce ciudadanos convocados.
Fernández dio detalles sobre la recepción de siete formularios de veredicto, uno por cada persona imputada, los cuales deberán completar de manera individual y únicamente si alcanzan unanimidad.
César Mario Alejandro Sena está imputado como autor del crimen, mientras que Marcela Acuña y Emerenciano Sena son investigados como partícipes primarios o secundarios, según la naturaleza de su colaboración.
La jueza explicó que la intención de matar y la participación de los acusados deben probarse más allá de toda duda razonable y que la existencia de un contexto de violencia de género caracterizado por la dominación de un hombre sobre una mujer y la vulnerabilidad de la víctima es un elemento central a evaluar.
“Ustedes deberán determinar si los hechos ocurrieron en ese contexto de violencia o de vulnerabilidad de la mujer”, indicó.
La magistrada detalló que los partícipes primarios brindan ayuda esencial para que se concrete el delito, mientras que los secundarios colaboran de forma posterior sin que su intervención sea indispensable, y que el conocimiento previo del crimen es clave para establecer la responsabilidad.
En relación con los acusados por encubrimiento, explicó que “si estiman luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada que Griselda Lucía Reinoso o Gustavo Melgarejo o Fabiana Cecilia González o José Gustavo Obregón cometieron el delito de encubrimiento agravado, deberán declararlos culpables marcando la opción uno”.
También describió la posibilidad de un encubrimiento simple y la opción de no culpabilidad ante la existencia de una duda razonable.
En ese marco, reiteró la obligación de ceñirse exclusivamente a la prueba admitida en el juicio y advirtió que “no deben comunicarse con ninguna persona fuera de los jurados sobre este caso”.
La jueza remarcó que tienen prohibido buscar información externa, realizar publicaciones o consultas en redes sociales o utilizar medios electrónicos o inteligencia artificial hasta que finalice el proceso. Además destacó que, ante cualquier duda, “el presidente deberá escribirla y entregársela al oficial de custodia en un sobre sellado”.
La magistrada insistió en que cada deliberación debe ser calma, respetuosa y orientada al análisis de la evidencia, sin imposiciones ni especulaciones.
Recordó que el veredicto, sea condenatorio o absolutorio, debe ser unánime y que cada integrante del jurado debe decidir por sí mismo después de evaluar la prueba y escuchar a sus pares. Si no alcanzaran la unanimidad, el presidente del jurado deberá informarlo por escrito sin revelar posturas internas, para que el tribunal determine los pasos siguientes.
Antes de que el jurado ingresara a deliberar, Fernández tomó juramento a los oficiales encargados de custodiar el proceso y dispuso el retiro de los teléfonos celulares de todos los integrantes, que serán resguardados durante la deliberación.
“Si ustedes honran dicho juramento, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes”, afirmó al finalizar la audiencia. Con esas instrucciones, el jurado pasó a analizar la responsabilidad penal de los imputados en una causa que concentra la atención pública desde el inicio del debate.