El titular del Órgano de Control Institucional de la Policía del Chaco, Ricardo Urturi, brindó precisiones sobre el avance de la investigación administrativa interna por la presunta sustracción de estupefacientes que debían ser incinerados, hecho que involucra a siete efectivos policiales y que también es investigado por la Justicia Federal. En El Resumen de Natagalá el funcionario calificó el episodio como “lamentable y repudiable” y aseguró que la actuación del organismo a su cargo fue inmediata.
Urturi explicó que, una vez detectada la maniobra durante un procedimiento conjunto con la Justicia Federal, se dispuso la apertura de un sumario administrativo y la suspensión preventiva de los siete agentes involucrados, con retención de haberes.
“Se trataba de bienes que estaban bajo su custodia y que tenían un destino claro: la quema. Cualquier desvío de esa finalidad constituye una falta gravísima”, sostuvo; confirmó que el proceso administrativo avanza en paralelo a la causa penal.
En relación con la investigación judicial, detalló que la fiscalía imputó a los efectivos los delitos de peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y remarcó que la existencia del material secuestrado es “innegable”.
Además, señaló que se están recolectando pruebas, analizando protocolos incumplidos y colaborando como auxiliares de la Justicia Federal, a la espera de información clave que pueda surgir de la apertura de teléfonos celulares y de medidas patrimoniales ya dispuestas.
El responsable del organismo de control remarcó el impacto institucional del hecho y la necesidad de dar un mensaje claro a la sociedad. “Duele tener que suspender y apartar personal, pero es necesario. No hay lugar para quienes se apartan de la ley y del deber”, afirmó Urturi.
Subrayó que, respetando el debido proceso y el derecho a defensa, los responsables deberán ser sancionados. “Ese es el camino para preservar la confianza pública y el prestigio de la institución”, concluyó.
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