El abogado advirtió sobre una situación de sobreendeudamiento que afecta a jubilados, pensionados y trabajadores. Explicó que la Justicia puede reducir intereses abusivos y ordenar la suspensión de descuentos que impidan cubrir las necesidades básicas.
El sobreendeudamiento se convirtió en una problemática que afecta a jubilados, pensionados y trabajadores del sector público y privado. Así lo advirtió el abogado Carlos Díaz, quien señaló que algunas entidades bancarias y financieras aplican intereses que pueden alcanzar el 1300% anual, una situación que, según explicó, lleva a muchas personas a comprometer casi la totalidad de sus ingresos para pagar sus deudas.
Díaz sostuvo que los descuentos sobre salarios pueden llegar al 90% o incluso al 100% de los ingresos, dejando a los afectados sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El abogado explicó que, aunque el Banco Central no establece un límite máximo general para las tasas de interés, el artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Nación faculta a los jueces a reducir los intereses cuando resultan desproporcionados.
Qué medidas puede tomar la Justicia
Díaz señaló que, en determinados casos, se obtuvieron medidas cautelares innovativas para suspender descuentos que afectan de manera grave los ingresos de los deudores. Estas resoluciones buscan limitar las deducciones mientras se analiza el fondo de la cuestión judicial.
También mencionó las medidas anticautelares, que pueden impedir que las entidades financieras inicien determinadas acciones judiciales de cobro mientras se resuelve la controversia, según las condiciones de cada caso.
El letrado remarcó la importancia de las normas de orden público que protegen los ingresos de los trabajadores y sostuvo que la firma de una autorización para realizar descuentos no habilita por sí sola a desconocer los límites legales aplicables.
Durante la entrevista, también hizo referencia a los porcentajes de descuento que, según su interpretación, corresponden de acuerdo con el nivel salarial. En ese sentido, explicó que para los ingresos de hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles el límite sería del 10%, mientras que para los que superan ese monto sería del 20%.
Además, advirtió sobre situaciones en las que se realizan deducciones sobre subsidios por incapacidad, una práctica que cuestionó por considerar que esos beneficios están protegidos.
Un problema que alcanza a bancos y financieras
Consultado sobre el origen de las deudas, Díaz indicó que la problemática ya no se limita a las entidades financieras no bancarias, sino que también involucra a bancos.
Frente a este escenario, sostuvo que no necesariamente se requieren nuevas leyes para abordar el problema, sino que deben aplicarse las herramientas jurídicas vigentes para proteger a los consumidores y evitar descuentos abusivos.
Finalmente, recomendó que las personas afectadas busquen asesoramiento legal para revisar las condiciones de sus créditos, verificar los descuentos aplicados y evaluar las medidas judiciales disponibles en cada situación.