
El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, confirmó, en La Mañana de Natagalá, la realización de una nueva reunión del Consejo Regional de Seguridad del NEA, que contará con la participación de autoridades nacionales, ministros de las provincias de la región y representantes de Paraguay.
El funcionario destacó la importancia del encuentro para abordar problemáticas comunes y recordó que la creación de estos consejos respondió a la necesidad de discutir estrategias adaptadas a las realidades de cada región. "Las problemáticas y la realidad de cada provincia y de cada región en materia de seguridad son distintas", sostuvo.
Según explicó, una de las principales temáticas será la coordinación de políticas para combatir los delitos transnacionales. Entre los ejes figuran la trata de personas, el contrabando, el narcotráfico, los vuelos irregulares y las cuestiones migratorias. Además, se incorporarán problemáticas específicas de la región como el robo de motocicletas, el abigeato y el robo de madera. Matkovich señaló que el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, comprometió su participación en el encuentro, junto a otras autoridades de ese país.
El titular de la cartera de Seguridad remarcó que uno de los objetivos será fortalecer la articulación entre las provincias, las fuerzas federales y las policías locales para mejorar los controles en la región. "Hay que hacer este anillo fronterizo, no queda otra", afirmó, y recordó que la provincia mantiene operativos permanentes de control. En ese sentido, indicó que en los últimos meses fueron secuestrados más de 72 vehículos en procedimientos realizados en los accesos al territorio provincial.
Consultado sobre otras problemáticas, Matkovich consideró que el tráfico de fauna silvestre debería incorporarse a la agenda de futuras reuniones y destacó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con la Justicia argentina y paraguaya. También reiteró su preocupación por los vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico en la frontera norte, aunque aclaró que en el país "no está instrumentada" la posibilidad del derribo de aeronaves utilizadas para actividades ilícitas.
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