El presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco, Gustavo Larrea, se refirió a la profunda crisis que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros, caracterizada por una caída sostenida de usuarios, el crecimiento de servicios ilegales y un esquema de subsidios que no se adapta a la realidad actual del sector.
Larrea explicó, en La Mañana de Natagalá, que el sistema funciona con una lógica que paga por pasajero transportado, lo que se vuelve insostenible en un contexto de baja demanda.
“Estamos viviendo una complicación importante también con las aplicaciones, con el descontrol que hay con las motos, con las motos Uber. Hay un descontrol total”, sostuvo y agregó que en las paradas relevadas por inspectores se detecta que “en 10 o 15 minutos de espera pueden pasar tres o cuatro moto Uber sin ningún tipo de control”.
El empresario aseguró que estas prácticas informales, sumadas a la caída del poder adquisitivo de la población, están impactando directamente en la utilización del servicio.
Según detalló, durante los meses de enero y febrero se registró una caída interanual del 25% en el uso de la tarifa plana, es decir, de los pasajeros que pagan sin beneficios ni subsidios. “Hoy una persona sin atributos sociales paga 1.300 pesos el pasaje, frente a eso, muchos eligen compartir un Uber entre tres o cuatro personas y así abaratan costos”, explicó.
En cuanto al funcionamiento del sistema, Larrea señaló que muchas líneas se volvieron completamente deficitarias al modificarse la forma de cálculo de los pagos a las empresas. “Hay líneas que no toma nadie. La 207, que va desde Fontana a Barranqueras, o la 203, que hace Vilela-Barranqueras, son ejemplos. También la 205 y la 206 tienen muy bajo caudal de pasajeros”, indicó.
El titular de la cámara subrayó la necesidad de rediseñar el sistema de transporte para hacerlo más eficiente, priorizando las líneas troncales con mayor velocidad comercial y demanda, y revisando aquellas interbarriales que se mantienen más por compromisos contractuales que por utilidad real.
Finalmente, Larrea expresó su preocupación por la situación financiera de las empresas del sector: “a ningún empresario le gusta tener que acudir al banco para pagar los sueldos. La actividad, en estas condiciones, no tiene sentido”.
Sin embargo, sostuvo que aún hay expectativas de mejora, especialmente si se logra recuperar el poder adquisitivo de la gente y si se implementan políticas públicas que controlen los servicios ilegales y garanticen un sistema de transporte público accesible y seguro.
“La clave está en definir criterios de prioridad para el transporte público. Si el sistema funciona bien, la gente va a elegirlo por encima de las motos”, concluyó.
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