El titular del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, brindó detalles sobre la investigación administrativa iniciada a raíz de una denuncia por presuntos malos tratos radicada por una detenida alojada en la Comisaría 11°.
La interna, imputada por homicidio calificado con prisión preventiva, presentó un hábeas corpus correctivo ante el Juzgado de Garantías N° 5 —a cargo de la doctora Belén Chapresto— apuntando contra dos empleadas policiales encargadas de la custodia en el sector de mujeres.
"Tomamos conocimiento ayer a través de los medios y de una comunicación de la Jefatura, tras lo cual dispusimos de inmediato iniciar una información sumaria administrativa", explicó el funcionario en La Mañana de Natagalá.
En el marco de las medidas preventivas adoptadas, el responsable del OCI indicó que las dos agentes señaladas fueron trasladadas provisionalmente de destino, aclarando que no se dispuso su suspensión preventiva ya que no revisten cargos jerárquicos que puedan entorpecer la recolección de pruebas.
"Tenemos un informe médico que da cuenta de lesiones, pero todavía no tenemos acreditado cómo se produjeron, lo cual es materia de investigación tanto penal como administrativa en paralelo con la Fiscalía de Derechos Humanos", señaló Urturi, quien añadió que ya se procedió al secuestro de libros de guardia y al análisis del material fílmico disponible.
Consultado sobre las dificultades de alojamiento ante la sobrepoblación carcelaria, el funcionario explicó que la detenida posee un pedido de traslado al Centro de Atención de Mujeres dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, el cual aún se encuentra demorado por la falta de cupos disponibles.
Asimismo, respecto de la toma de testimonios, adelantó que solicitarán la autorización judicial correspondiente al equipo fiscal interviniente para poder tomarle declaración testimonial a la denunciante y a su compañera de celda directamente en el lugar de detención, evitando traslados innecesarios.
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