El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto al titular del Instituto de Desarrollo Urbano y la Vivienda (IPDUV), Diego Arévalo, abrieron las ofertas para la licitación de 660 viviendas que se construirán en el ex campo de Tiro, donde el Gobierno provincial planifica el mega proyecto urbanístico Nuevo Sur Resistencia. Unas 10 empresas presentaron sus propuestas para ejecutar las obras con un presupuesto de $2.486.636.865.

“Es la primera licitación pública para la construcción de viviendas en Chaco desde el 10 de diciembre del 2015, lo que marca lo que fue la política habitacional del gobierno de Macri, que implicó que gran parte de los trabajadores de la industria de la construcción hayan quedado sin trabajo”, sostuvo Capitanich, y recordó: “no hubo ningún período en la historia con más construcción de viviendas que la que hemos realizado nosotros en nuestras gestiones anteriores, con 60 mil soluciones habitacionales entregadas”.

Se trata del programa nacional Casa Propia, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que prevé la construcción de 220 mil viviendas en todo el país durante el periodo 2021-2023. Sólo para la ciudad de Resistencia habrá un paquete de 1.000 viviendas, de las cuales ahora se están licitando 660 como una primera etapa. “Cuando dejé mi anterior periodo como gobernador en el 2015, teníamos 15 mil empleos privados formales que generaban un impacto sustantivo en la demanda agregada, en la potenciación del consumo y en el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo chaqueño, pero esto de un día para el otro se extinguió”, recordó el gobernador.

En ese sentido contó que si bien hoy la provincia del Chaco lidera en la Argentina el consumo de cemento y la recuperación del empleo privado formal, aún no se pudieron recuperar todos los empleos “destruidos” en el periodo 2015 – 2019. “Lo que quiero transmitir es que nuestro principal desafío será el de restituirlos y ampliarlos. Actualmente estamos con unos 6 mil trabajadores de manera activa y esperamos que esa cifra para este año aumente, mínimo, a 8 mil personas”, sostuvo.

Por eso en este tercer mandato de gobierno se trabaja en identificar cuáles fueron las viviendas que quedaron paralizadas, que en gran parte ya están en proceso de normalización y regularización. “No continuar lo que se empezó es afectar una política pública que perjudica a empresarios, trabajadores, y principalmente a quienes pugnan por el derecho a la vivienda digna”, remarcó Capitanich. El programa propone un nuevo modelo de crédito en el país gracias a nuevas líneas a tasa cero, con actualización de capital basada en la evolución de los salarios (fórmula Hog.Ar), bajo dos modalidades: para que más familias tengan la posibilidad de acceder a una vivienda o refaccionar su casa.