El presidente del Consejo de la Abogacía del Chaco, Miguel Vigier , manifestó su preocupación ante el tratamiento legislativo del proyecto de ley que —según señaló— contiene disposiciones que afectan directamente el ejercicio profesional de los abogados y abogadas.
En diálogo con El Resumen de Natagalá, explicó que el organismo se pronunció en dos oportunidades: una en diciembre con observaciones generales y otra recientemente, junto a colegios del interior provincial, enfocada puntualmente en los artículos 20 y 277 del proyecto.
Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación de una eventual responsabilidad solidaria del abogado cuando se configure lo que el texto denomina “pluspetición inexcusable”, es decir, cuando el monto reclamado en una demanda resulte considerablemente superior al finalmente reconocido por la Justicia.
“Es un concepto vago que deja un amplio margen de interpretación al juez y podría trasladar las costas al abogado. Nuestra profesión compromete medios, no resultados. Es imposible prever con exactitud el resultado de un pleito”, sostuvo Bigier.
Según indicó, esta disposición tendría como efecto “disciplinar” a los profesionales y desalentar reclamos judiciales laborales.
La postura también fue respaldada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que se manifestó en contra del articulado.
Pago de honorarios en cuotas
El segundo punto objetado es el artículo 277, que establece la posibilidad de fraccionar en hasta doce cuotas el pago de honorarios profesionales. “Un juicio laboral puede durar cinco o seis años. Imagínese cobrar luego de ese tiempo y además en cuotas, en un país que no ha dejado atrás la inflación”, remarcó.
Vigier explicó que los honorarios constituyen un monto que se percibe al final del proceso, por lo que cualquier diferimiento impacta directamente en la sustentabilidad del ejercicio profesional.
Rechazo al concepto de “industria del juicio”
El titular del Consejo también cuestionó los argumentos que sostienen la necesidad de frenar una supuesta “industria del juicio laboral”. “Cerrar o desalentar el acceso a la Justicia es sumamente peligroso.
El trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, reconocido históricamente en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó, en alusión al artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Desde la abogacía organizada sostienen que las modificaciones propuestas no constituyen un descuido técnico, sino que forman parte de un esquema orientado a restringir los reclamos laborales en los tribunales.
Escuchá la nota completa