El presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la primera circunscripción judicial del Chaco, Miguel Vigier, encabezó las actividades conmemorativas por el 64° aniversario de la entidad, fundada un 3 de noviembre de 1962.
En diálogo con La Mañana de Natagalá, el abogado recordó el origen plural de la institución —resultado de la unificación de agrupaciones con distintas ideologías partidarias— y remarcó la premisa histórica de mantener la alternancia y el debate interno por sobre las divisiones sectoriales. "Nace como una entidad plural que agrupa a dos entidades gremiales que antes estaban más partidizadas, y ha sido desde entonces una regla, un principio del consejo que las cuestiones partidarias se dejan de lado", destacó el titular sobre el perfil fundacional impulsado por su primer presidente, Omar Arístides Ginesta.
Asimismo, Vigier diferenció el rol de la entidad que preside respecto al Colegio de Abogados, y ratificó la demanda histórica sobre el gobierno de la matrícula y el control de la ética profesional. Para el dirigente, la colegiación legal constituye una materia pendiente en la provincia, señalando como una anomalía jurídica que los profesionales del derecho locales no cuenten con un tribunal de pares y sean juzgados por magistrados.
"Los abogados no podemos, somos la única provincia del país que no puede ser juzgada por sus pares y somos juzgados en cambio por jueces, cuando somos juzgados, porque es un sistema que claramente no funciona", cuestionó el presidente del Consejo respecto del régimen de responsabilidad profesional vigente.
Por otra parte, el letrado se refirió al reciente comunicado emitido por la entidad en cuestionamiento al manejo de la exposición pública de los sumarios penales por parte de los operadores judiciales, la querella y las defensas.
Vigier advirtió que la divulgación desmedida de datos sensibles sobre imputados y víctimas genera una "condena social anticipada" que vulnera la garantía constitucional de inocencia y afecta el posterior desarrollo de los juicios por jurados.
"Nos corresponde explicarle a la ciudadanía que una persona esté imputada no significa que esté condenada y que tiene que acompañarlo en todo el proceso el estado de inocencia hasta que quede firme esa sentencia", concluyó al remarcar la función de contralor social que ejerce el Consejo en el ámbito de la justicia provincial.
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