El subsecretario de Niñez de la provincia, Jorge Samudio, brindó precisiones sobre el protocolo que se aplica en casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Sin referirse a situaciones específicas bajo orden judicial, aclaró que el Estado sólo puede intervenir formalmente cuando existe una denuncia o una constatación efectiva de riesgo. “La ley habla de hechos comprobables, no de presunciones.
Las intervenciones deben basarse en elementos objetivos para resguardar la integridad física, psicológica y emocional de los menores”, afirmó en 7AM.
Samudio explicó que el sistema de protección opera bajo el principio de “corresponsabilidad”, es decir, involucra a todos los actores del Estado y la comunidad. Ante una posible vulneración, el equipo interdisciplinario analiza primero el entorno familiar directo y, de no ser viable, se recurre a la familia ampliada o a referentes afectivos.
Sólo cuando se agotan estas opciones se dicta una medida excepcional de resguardo en hogares convivenciales por un plazo acotado y bajo control judicial. “La institucionalización es el último recurso. La ley exige preservar, en lo posible, el centro de vida del niño”, subrayó.
Consultado sobre la posibilidad de adopciones o acogimientos directos, el funcionario recordó que los procesos deben canalizarse exclusivamente a través del Registro Único de Adoptantes.
“No existen adopciones por vía voluntaria o espontánea. Saltar los pasos legales puede constituir una entrega directa, que es un delito”, advirtió.
Finalmente, destacó el rol de los medios de comunicación en la visibilización de situaciones de riesgo, pero pidió responsabilidad para no revictimizar: “el Estado debe estar presente, pero también la comunidad tiene el deber de activar los mecanismos cuando conoce un caso”.
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