La Ley 27.801 comienza a regir este sábado y establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. Contempla penas de hasta 15 años para los delitos más graves y medidas alternativas a la prisión.
Este sábado entra en vigencia en Argentina la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y baja de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado penalmente.
A partir de la entrada en vigencia de la norma, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser sometidos a un proceso penal y, en los casos contemplados por la ley, recibir una condena.
El nuevo régimen reemplaza al sistema que regía desde 1980 y establece disposiciones específicas para adolescentes de entre 14 y 18 años. Entre sus principales puntos, prohíbe la prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad para los delitos más graves.
Sin embargo, la nueva normativa establece que la imputabilidad desde los 14 años no significa que todo adolescente que cometa un delito deba ir a prisión.
Qué establece el nuevo régimen
Para los delitos cuya pena sea de hasta tres años, la ley establece que no podrá aplicarse prisión efectiva. Además, contempla distintas medidas alternativas al encierro, como servicios comunitarios, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a determinados lugares, reglas de conducta y monitoreo electrónico.
Para determinados delitos con penas de hasta diez años también se contempla la posibilidad de sustituir la prisión, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la normativa.
La ley dispone, además, que los adolescentes no pueden compartir establecimientos con personas adultas y establece que la privación de la libertad debe utilizarse como último recurso.
Otra de las novedades es la incorporación de la figura del supervisor especializado, que estará a cargo del acompañamiento y control de las medidas impuestas. Podrán desempeñar esa función profesionales de áreas como psicología, trabajo social, educación o adicciones.
El objetivo declarado del régimen no se limita a responsabilizar al adolescente por el delito cometido, sino que también busca promover su educación, resocialización e integración social.
El desafío de la implementación
La puesta en marcha del nuevo régimen plantea interrogantes vinculados con los recursos necesarios para su funcionamiento. Para su implementación, el Congreso estableció una partida de 23.739 millones de pesos.
Entre las principales dudas aparecen la disponibilidad de dispositivos de monitoreo electrónico, la designación de supervisores especializados y la infraestructura necesaria para garantizar establecimientos diferenciados de los destinados a adultos.
También deberá definirse cómo se articulará el nuevo régimen nacional con los distintos sistemas procesales de las provincias.
Jueces y especialistas ya habían advertido sobre la necesidad de contar con recursos humanos, infraestructura y dispositivos adecuados para que las nuevas disposiciones puedan aplicarse de manera efectiva.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, la discusión deja de ser exclusivamente legislativa y comienza una nueva etapa para la Justicia Penal Juvenil: el sistema deberá determinar cómo abordar los delitos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años y, al mismo tiempo, garantizar las medidas de protección, educación y reinserción previstas por la propia norma.