Los trabajadores de los gimnasios Exen presentaron ante la Justicia Federal una medida cautelar para solicitar la intervención judicial de una de las sociedades investigadas y la reapertura de tres sucursales de Resistencia. El abogado Ignacio Sinkovich explicó que el pedido alcanza a los locales de calle Santiago del Estero, avenida Las Heras y Arturo Illia, que aún conservan las máquinas y, por lo tanto, permitirían retomar la actividad.
La propuesta contempla que la administración quede a cargo de uno de los trabajadores, quien ya tenía responsabilidades vinculadas al pago de sueldos, la actividad bancaria y la organización interna de las sucursales. Además, solicitaron la designación de veedores públicos de ARCA y del Ministerio de Gobierno para controlar el funcionamiento de la empresa. “Nosotros proponemos a una persona que va a administrar la actividad empresarial, que es uno de los empleados que ya tenía a su cargo tanto el pago de sueldo, la actividad bancaria y la organización interna de la sucursal”, explicó Sinkovich a La Mañana de Natagalá.
El planteo apunta a que los trabajadores puedan recuperar sus puestos, respetando la antigüedad y las tareas que cada uno desempeñaba. Según detalló el abogado, la relación laboral continúa vigente pese al cierre de los establecimientos y el pedido contempla en una primera instancia a quienes impulsaron la acción judicial. “La relación laboral sigue vigente, teniendo en cuenta que no están pudiendo trabajar porque las sucursales están cerradas”, señaló. La medida alcanza a unos 80 trabajadores directos y, según indicó, a más de 100 empleos indirectos.
Sinkovich también defendió la posibilidad de utilizar las máquinas que permanecen secuestradas y que ya fueron inventariadas e individualizadas dentro de la causa. Sostuvo que permitir su funcionamiento bajo control judicial no solo permitiría recuperar la actividad laboral sino también preservar el valor de los bienes mientras avanza la investigación. “Esta medida no solo ayuda a los empleados sino también ayuda al éxito de la investigación y también asegura que los bienes conserven su valor pecuniario”, afirmó.
Ahora, la Justicia deberá analizar el pedido, que podría requerir previamente un dictamen del fiscal. “Hay 80 familias que están esperando una respuesta”, remarcó el abogado, quien manifestó su expectativa de que la cautelar sea favorable.
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