El delegado provincial del Sindicato Único de Guardavidas y Afines, Francisco Oporto, advirtió sobre la falta de control estatal en natatorios y espejos de agua de la provincia, a pesar de la existencia de una normativa vigente que exige la presencia de profesionales habilitados.
“Hay instituciones públicas que tienen pileta y no tienen guardavidas”, afirmó en El Resumen de Natagalá. Recordó que la legislación nacional y provincial establece que solo personal con formación específica puede realizar tareas de salvamento.
Oporto explicó que en el Chaco se desarrolla desde 2013 una formación profesional de guardavidas con alcance nacional e internacional, única en la región. En estos diez años, más de 100 trabajadores obtuvieron su certificación, pero apenas un 30 por ciento tiene trabajo estable.
“Somos el único profesional legalmente habilitado para cuidar en el medio acuático, pero muchas veces hay falta de conciencia y de contralor por parte del Estado”, advirtió.
El dirigente sindical señaló que la provincia cuenta con infraestructura adecuada, como la piscina climatizada del Instituto de Educación Física, pero que desde hace cuatro años no se dictan nuevas cohortes por falta de decisión política.
“No pedimos plata; pedimos la herramienta para armar guardavidas”, expresó. También remarcó la necesidad de capacitación en primeros auxilios y salvamento para profesores de educación física, cuando sean considerados como reemplazo, con el objetivo de evitar riesgos.
Como ejemplo del impacto de la regulación, Oporto recordó el caso de la Ley Lourdes, surgida tras la muerte por ahogamiento de una niña en Resistencia. “Tomamos conciencia después de una tragedia, eso es lo que venimos diciendo”, señaló.
En ese sentido, insistió en la aplicación plena de la normativa, tanto en el sector público como privado, para garantizar la seguridad de los usuarios de piscinas y playas durante todo el año.
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