La Justicia está por estos días en la mira de la sociedad dada la cantidad de requerimientos para otorgar beneficios como prisiones domiciliarias a quienes cumplen distintas penas en unidades carcelarias. En el Chaco, la jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger reveló que hasta el momento rechazó el 80% de los pedidos recibidos, y explicó las condiciones que en forma excluyente se deben reunir para que su juzgado otorgue ese tipo de beneficios.
La magistrada graficó como “innumerables” las solicitudes de prisión domiciliaria requeridas hasta el momento. “Se han otorgado en algún caso particular por el tiempo que lleva detenido un imputado y el hecho de que se demorarán los juicios orales, que se agotaron las medidas y no hay peligro procesal, además de ser una persona de riesgo y que en el lugar donde está, estuviera expuesto por alguna circunstancia específica a un posible contagio o riesgo determinado. Pero el 80% o más de las domiciliarias hemos denegado”, expuso.
Fue más allá y reveló que sólo durante el miércoles denegó seis pedidos. “Se hace un análisis particularizado. Si es de riesgo, cuál es la patología de base; si el lugar de alojamiento cumple con los protocolos de COVID-19 y si nos informa que no tiene espacio. También su situación específica en la causa”, explicó Niremperger.
Así, puntualizó que muchas veces se dicta la prisión preventiva “en aquellos casos en que se requiere sostener al imputado con mayor resguardo porque hay peligrosidad procesal”. “En algunos expedientes, después de un tiempo, no hay otro elemento que nos permita suponer que hay riesgo procesal y entonces se morigera la detención y se da la prisión domiciliaria o la excarcelación”, indicó.
Con respecto a los detenidos por delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales son adultos mayores y por tanto un grupo de riesgo para el caso de la enfermedad de COVID-19, Niremperger resaltó que existen distintos criterios para evaluar las situaciones.
“Son los primeros que presentaron pedidos de domiciliarias y excarcelaciones. La evaluación que hice es en qué situación se encuentran los imputados solicitantes y en qué situación se encuentra el lugar donde están alojados”, señaló.
