Representantes de la Intergremial Judicial del Chaco integrada por Graciela Aranda, secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales, y Walter Bernard, secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales advirtieron sobre una grave crisis institucional vinculada al tratamiento del proyecto de ley N° 2141.
Según explicaron los gremialistas en El Resumen de Natagalá, esa iniciativa busca garantizar la equiparación salarial e intangibilidad exclusivamente para los magistrados y funcionarios, a diferencia de la ley vigente (3424, artículo 9), que establece la media nacional para todo el sector judicial en su conjunto
Los referentes cuestionaron la legalidad de la composición de un tribunal ad-hoc al que calificaron de "juez y parte" y señalaron que la presidencia de este cuerpo, asumida recientemente por el titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Enrique Varela, derivó en una presión directa hacia la Cámara de Diputados para acelerar la sanción de la normativa y contemplar una intangibilidad salarial exclusiva para magistrados.
En detalle, Bernard denunció que el máximo tribunal envió oficios e intimaciones al Poder Legislativo en el marco de acciones de amparo, evidenciando una severa vulneración a la división de poderes y afectando la seguridad jurídica general.
"Es lo que se está evidenciando justamente, que la justicia está apretando directamente en esta instancia al Poder Legislativo para que sancione una ley que es a pedido de una de las partes en un juicio", aseveró el dirigente gremial, quien además remarcó que en este expediente ya se dictaron cinco sentencias contradictorias sobre un litigio que posee carácter de cosa juzgada.
Por su parte, Aranda detalló que las gestiones en las comisiones legislativas de Asuntos Constitucionales y de Legislación General arrojaron un despacho dividido, donde la oposición solicitó el archivo de la iniciativa mientras el oficialismo optó por mantenerla en cartera.
Ante este escenario, la Intergremial reclamó el rechazo definitivo del proyecto y exigió que se cumpla estrictamente con la ley vigente (ley 3424, artículo 9) reglamentando una equiparación salarial que abarque al conjunto de los trabajadores judiciales y no solo a un sector privilegiado, en vísperas de la conmemoración de su día.
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