El Comité de Derechos Humanos de la ONU ratificó este jueves que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales contra él por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad.

De acuerdo con esta comisión, se violaron las libertades de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas.

"Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso", remarcó Arif Bulkan, miembro del comité, informó la agencia Europa Press.

Lula, que parte como favorito para las elecciones de octubre de este año, fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa Lava Jato, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht.

El juez encargado de la causa fue Sergio Moro, que posteriormente se convirtió en ministro de Justicia del actual presidente, Jair Bolsonaro.

Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, y después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio expresidente.

"La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del ex juez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia", añadió el informe, consignó la agencia Sputnik.

Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel por presuntos delitos de corrupción en julio de 2017, y al año siguiente, en enero, una corte de apelación aumentó la pena a 12 años.

En abril de 2018, Lula empezó a cumplir la condena de prisión cuando aún había recursos pendientes, y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año, para las que partía como favorito, y en las que se impuso Bolsonaro.

Sin embargo, ya en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia debido a la falta de competencias del tribunal de Curitiba que llevó el proceso, así como por la parcialidad en la que incurrió Moro, quien dirigió incluso la actuación de los fiscales durante la causa.

El Comité de Naciones Unidas sostiene que, a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, "no fue suficiente" para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse un cargo político.

Lula anunció la semana pasada que el 7 de mayo lanzará su precandidatura presidencial oficial en un acto del Partido de los Trabajadores (PT).

También será consagrada ante el PT la candidatura como vice del exgobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, un tradicional rival electoral de Lula, en el marco de las políticas de alianzas para intentar vencer en la primera vuelta del 2 de octubre a Bolsonaro.

La elección se da en un escenario de polarización con ventaja para Lula de entre 5 y 10 puntos sobre Bolsonaro, según las encuestas.

Fuente: Telam

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