El dirigente social Ramón "Tito" López, imputado en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que se trata de un proceso judicial “armado” para perjudicarlo políticamente.
“Me pusieron como el chivo expiatorio, como si fuéramos los malos de la película”, sostuvo en La Mañana de Natagalá, al cuestionar el avance de la investigación.
Durante sus declaraciones, López apuntó contra el accionar de la Justicia y afirmó que fue imputado sin que se hubiera realizado una investigación previa.
“Primero tenían que haber investigado si era cierto lo que se me acusaba y después haberme imputado”, señaló y agregó que ya declaró en tres oportunidades, aunque consideró que sus planteos no fueron tenidos en cuenta por el fiscal Patricio Sabadini ni el juez Ricardo Mianovich.
El dirigente también denunció irregularidades en el manejo de pruebas dentro del expediente. “Durante ocho meses escondieron nuestras pruebas y después aparecieron más de 600 que demostraban que esto es una mentira”, afirmó, en referencia al accionar de la fiscalía y su interpretación del proceso judicial.
En el plano político, López vinculó la causa con decisiones de distintos niveles de gobierno y mencionó a dirigentes como Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Domingo Peppo y Leandro Zdero, a quienes responsabilizó por el supuesto armado de la causa. “Son los responsables de todo esto”, aseguró, sin presentar pruebas en sus declaraciones públicas.
Por último, López sostuvo que el objetivo del proceso es silenciarlo y advirtió sobre presuntas presiones hacia su entorno. “Buscan que una persona como yo no diga la verdad de lo que está pasando”, expresó y afirmó que avanzará con denuncias contra funcionarios judiciales una vez que finalice su situación procesal.
La causa contra el dirigente se encuentra actualmente en etapa de juicio oral en la Justicia Federal y se inició tras una investigación que derivó en su detención en septiembre de 2024, junto a integrantes de su entorno familiar.
El expediente lo acusa de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, fraude al Estado y apropiación irregular de tierras fiscales, a partir de un esquema que habría implicado el manejo de importantes sumas de dinero y bienes cuyo origen está bajo análisis judicial.
Según la acusación, el grupo habría desarrollado una estructura organizada para estas maniobras, y enfrenta posibles penas de hasta 15 años de prisión.
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