miércoles 7 de octubre, 2026

Miguel Vigier cuestionó el uso de DNU y el incumplimiento de leyes del Congreso

7 de octubre 2026

El presidente del Consejo de Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial y abogado constitucionalista, Miguel Vigier, cuestionó el uso que el Poder Ejecutivo realiza de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y sostuvo que el Gobierno nacional utiliza mecanismos que, a su criterio, exceden las facultades previstas por la Constitución.

En particular, se refirió al DNU 70/23 y a las decisiones vinculadas con la Ley de Tierras y el financiamiento universitario. “El Presidente no tiene facultades para sustituir el orden jurídico de manera permanente por vía de DNU”, afirmó en diálogo con 7AM.

Vigier también cuestionó el rol de la Corte Suprema frente a estas situaciones y sostuvo que el máximo tribunal debería ejercer el control de constitucionalidad. “A mí me parece que la Corte en este momento está más preocupada por garantizar gobernabilidad a un gobierno que por garantizar la integridad de la Constitución y de las instituciones de la República”, sostuvo.

En relación con el financiamiento universitario, señaló que el Congreso insistió frente al veto presidencial y que, por lo tanto, correspondía poner en ejecución la ley. “Lo que estamos viendo de manera preocupante es un incremento: cada presidente abusa de un modo más extraordinario, más invasivo, más peligroso de las instituciones de emergencia previstas por la Constitución”, planteó.

El titular del Consejo de Abogacía sostuvo que la situación representa una preocupación que excede al ámbito jurídico y convocó a la participación ciudadana en defensa de las instituciones. “No solamente los abogados, los argentinos y las argentinas deberíamos estar preocupados por esta degradación institucional”, afirmó.

También se refirió a la manifestación de estudiantes universitarios frente a referentes judiciales vinculados con la cuestión de la Ley de Tierras y consideró saludable ese tipo de expresiones. “La independencia judicial es una garantía que asegura a los jueces imparcialidad e independencia para defender la Constitución y aplicar la ley. No para tomar cualquier decisión y que el público no la critique”, sostuvo.

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