La Justicia avanzó con nuevas medidas en la causa que busca determinar quién financió los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su entorno familiar. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para reconstruir el circuito del dinero y detectar posibles irregularidades vinculadas a los vuelos.
En paralelo, el expediente incorporó un pedido para acceder a las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando. El objetivo es identificar a la persona que grabó el video en el que se observa al funcionario abordando un avión rumbo a Uruguay junto a su familia.
Desde la Casa Rosada sostienen que ya tienen identificada a la persona que habría registrado la escena y apuntan contra una delegada sindical. La controversia sumó tensión cuando el diputado de izquierda, Nicolás del Caño, cuestionó esa postura en redes sociales y reclamó explicaciones sobre el financiamiento de los vuelos.
Mientras tanto, la investigación judicial empezó a arrojar datos concretos. Documentación incorporada al expediente señala que el vuelo privado de ida a Punta del Este, realizado el pasado 12 de febrero, fue abonado por la firma In House S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandío. El comprobante detalla un pago cercano a los 4.800 dólares por el traslado.
La operatoria quedó bajo la lupa porque la empresa mantiene contratos con el Estado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete . La Justicia intenta establecer si existió un beneficio indebido a partir de esa relación, una línea de investigación que explica el levantamiento del secreto bancario.
El caso también se alimentó de las declaraciones públicas de Grandío, que variaron con el paso de los días. En un primer momento aseguró que el viaje había sido costeado con dinero propio, luego indicó que el funcionario reintegró el monto y más tarde planteó que cada pasajero abonó su parte. Esas inconsistencias derivaron en nuevas medidas para clarificar el recorrido de los fondos.
El fiscal Gerardo Pollicita dispuso citar al empresario a declarar y analizar sus intervenciones mediáticas.
Además, solicitó informes a la Administración Nacional de Aviación Civil sobre el plan de vuelo del avión utilizado, un Honda Jet que partió desde San Fernando con destino a Laguna del Sauce.
A su vez, se pidió la intervención de la Dirección General de Aduanas para verificar los controles sobre pasajeros, equipaje y eventuales declaraciones de dinero o bienes. La pesquisa apunta a reconstruir cada paso de la operatoria financiera, incluyendo los movimientos bancarios de las empresas involucradas.
El expediente no se limita a ese traslado. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también analiza el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, otro punto que amplió el alcance del caso.