
El ministro de Gobierno de la provincia, Julio Ferro, presentó formalmente un proyecto de ley que busca modificar el régimen de licencias en la Administración Pública Provincial y el Estatuto Docente para que el Estado deje de pagar los salarios de representantes sindicales que no prestan servicios en sus puestos laborales.
La iniciativa había sido anticipada por el gobernador Leandro Zdero durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Según explicó el funcionario, actualmente los representantes sindicales cuentan con licencia gremial, mantienen la reserva de su puesto y la antigüedad, pero además perciben su salario abonado por el Estado provincial.
“Hoy es el Estado provincial, es decir todos los chaqueños, quienes contribuyen a pagarle la representación gremial a una persona que no concurre a prestar tareas en la administración pública”, afirmó Ferro.
El proyecto propone mantener los derechos vinculados a la actividad sindical, como la licencia gremial, la reserva del puesto y el cómputo de antigüedad, pero eliminar el pago del salario mientras el trabajador se encuentre desempeñando funciones sindicales.
“Respetamos todos los derechos de libertad sindical, pero no tiene por qué el Estado provincial pagar la remuneración de quien no presta un servicio”, sostuvo el ministro.
De acuerdo con Ferro, la medida se basa en la Ley Nacional de Entidades Sindicales (23.551), que establece que la licencia sindical es sin goce de haberes, aunque algunas provincias optaron por mantener el pago del salario mediante legislación local.
El funcionario aclaró que la iniciativa también alcanzaría a empleados públicos provinciales que ejerzan representación en sindicatos de alcance nacional. “Mientras sea empleado público del Estado provincial y tenga una representación sindical, si se aprueba esta ley no se le va a pagar el sueldo, porque quien hoy paga ese salario es la provincia del Chaco”, explicó.
En ese sentido, planteó que los gremios deberían financiar a sus representantes mediante los aportes de sus afiliados.
Ahorro estimado para el Estado
Según datos oficiales, el Gobierno provincial destina actualmente más de 200 millones de pesos por mes al pago de salarios de representantes sindicales con licencia gremial.
De aprobarse el proyecto, el ahorro anual superaría los 1.200 millones de pesos. “Todo sueldo implica una contraprestación. Acá no hay contraprestación, por lo tanto es irrazonable que sea el Estado quien pague ese salario”, argumentó Ferro.
Posible destino de los fondos
El ministro indicó que los recursos que se ahorrarían podrían destinarse a mejorar las condiciones de trabajo dentro de la administración pública. Entre las posibilidades mencionó la compra de equipamiento, mobiliario y otras inversiones para los empleados que sí prestan servicios en el Estado.
Ahora el proyecto deberá ser analizado por la Legislatura provincial para su eventual tratamiento y aprobación.
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